Alaya amplía la imputación a los dueños de Fitonovo por delito a la Seguridad Social - EntornoInteligente

Entornointeligente.com / La Informacion .com / Sevilla, 24 nov (EFE).- La juez Mercedes Alaya ha ampliado hoy la imputación a los dueños de la empresa Fitonovo, que supuestamente pagaba comisiones ilegales para lograr concursos públicos, por presuntos delitos a la Seguridad Social que habrían cometido por pagar nóminas con dinero B entre 2003 y 2012.

Los responsables de Fitonovo Rafael González Palomo y su hijo José Antonio González Barón, que estuvo en prisión tres meses por esta causa, y el administrador de otra empresa del grupo, Fiverde, Ángel Manuel Macedo, han comparecido hoy ante la juez y se han acogido a su derecho a no declarar, han señalado fuentes judiciales.

Los tres ya fueron citados el 11 de noviembre, cuando se desarrolló la operación Enredadera, que se saldó con 32 detenidos, y entonces les pidió distintas fianzas civiles, tras lo cual quedaron en libertad provisional.

Al padre y máximo dirigente de la empresa le exigió dos millones de euros, a su hijo un millón de euros y al tercer imputado 500.000 euros.

Ese mismo día, la juez decretó el ingreso en prisión bajo fianza de 180.000 euros para Juan Andrés Bruguera, director comercial de Fitonovo, acusado de los delitos de prevaricación, cohecho, falsedad, tráfico de influencias y asociación ilícita.

La operación Enredadera, la tercera fase de la operación Madeja, continúa con la investigación que destapó las relaciones entre empresas que optaron al concurso público para la compra de terrenos de Mercasevilla SA, así como la implicación de la empresa Fitonovo, contratista habitual de administraciones.

Según la juez, la empresa Fitonovo centralizó una “red criminal jerarquizada” que concedió entre 1995 y 2013 dádivas en distintas administraciones públicas para lograr contratos, una práctica habitual de la compañía.

Las comisiones se pagaban “de forma periódica o mensual a buena parte de los funcionarios públicos imputados”, a los que incluso emitían recibos con cargo a la caja B de la compañía, con sede en Sevilla.

La juez atribuye esta práctica a “la consecución de contratos públicos” entre 1995 y 2013 en “múltiples áreas geográficas y administraciones públicas”.

“Todo ello ha podido producirse gracias a la existencia de una organización criminal jerarquizada que tendría como centro Fitonovo”, asegura la juez.

(Agencia EFE)

Con Información de La Informacion .com

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