Al menos 42 periodistas y trabajadores de la prensa han muerto de forma violenta en Venezuela en los últimos 35 años. La insuficiente respuesta judicial frente a estos hechos mantiene deudas de verdad, justicia y reparación con sus familias y debilita las garantías para ejercer el periodismo.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denuncia que la impunidad permite la repetición de la violencia y transmite a los agresores que atacar a quienes informan puede quedar sin consecuencias. Para el gremio, esa desprotección alimenta el miedo y la autocensura, desalienta la investigación de asuntos de interés público y restringe el derecho de la sociedad a recibir información.
Las consecuencias también recaen sobre las familias de las víctimas. A la pérdida de sus seres queridos se suman años de gestiones, desgaste emocional, gastos y dificultades para acceder a los expedientes. La falta de respuestas prolonga el daño y obliga a los dolientes a sostener una búsqueda de justicia que corresponde garantizar al Estado.
Los casos presentan circunstancias recurrentes que reflejan patrones de violencia sistemática contra la prensa. Entre los hechos documentados se registran disparos durante coberturas de manifestaciones, amenazas y denuncias previas que no fueron atendidas, ataques en viviendas e incursiones violentas en instalaciones de medios de comunicación.
En algunos de estos casos existen señalamientos concretos contra agentes estatales. Sin embargo, en otros permanece pendiente establecer claramente el móvil del crimen y determinar la responsabilidad de los perpetradores.
La falta de investigaciones efectivas y procesos judicales transparentes perpetúa un círculo de violencia que vulnera la libertad de prensa y el derecho fundamental de los ciudadanos a estar informados sobre los hechos de interés público que afectan a la sociedad venezolana.
Fuente: La Patilla — Ver nota original