Samantha, una adolescente de apenas 16 años, fue excarcelada el 19 de mayo después de permanecer seis meses en prisión en Venezuela, acusada falsamente de terrorismo. Su caso forma parte de una estrategia represiva del gobierno chavista contra la familia de Christian, su hermano mayor, quien es un teniente rebelde que participó en operaciones militares contra el régimen de Nicolás Maduro. La joven es uno de varios miembros de su familia que ha sufrido encarcelamiento injustificado, incluyendo a su hermana Aranza de 20 años que aún permanece detenida, su tío y su primo, todos en la misma situación de persecución política.
Ámbar Castillo, madre de Samantha, relata el impacto devastador que la encarcelación ha causado en su hija. Según explica, la adolescente recibió tratos crueles y torturas psicológicas durante su cautiverio que han dejado secuelas profundas. Samantha presenta problemas severos de sueño y requiere atención psicológica para recuperarse del trauma vivido. El deterioro físico también es evidente: la joven ha perdido 16 kilogramos durante estos meses de cautiverio, consecuencia directa de la depresión y ansiedad generadas por su experiencia encarcelaria.
Ámbar, quien actualmente se encuentra en Panamá trabajando como vendedora de empanadas y bebidas naturales para sustentar a su familia, expresa su principal preocupación: la seguridad de su hija en Venezuela. A pesar de su excarcelación condicional, Samantha continúa siendo vigilada y acosada, lo que genera en ella un miedo constante a salir de su hogar. La madre tiene planes urgentes de trasladar a su hija a Panamá para proteger su integridad física, aunque reconoce que el proceso será complejo dada la situación política actual.
A pesar del sufrimiento vivido, Samantha ha mostrado una fortaleza excepcional. La adolescente se ha memorizado la Constitución de Venezuela con la intención de defender a su familia y a todos los ciudadanos del país contra las injusticias que ha presenciado. Su caso ejemplifica la crueldad del sistema represivo chavista que utiliza a menores de edad como rehenes políticos para presionar a disidentes, especialmente a aquellos militares que se han rebelado contra el régimen.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
