El caso judicial por la trama de corrupción Pdvsa Cripto continúa generando acusaciones cruzadas en las comparecencias ante el Tribunal Especial Tercero de Primera Instancia. Los hermanos Daniel y Carmelo De Grazia, exdueños de Bancamiga, junto al constructor Rafael Perdomo, han coincidido en sus declaraciones señalando un presunto modus operandi común: la detención de empresarios seguida del despojo de sus activos millonarios. Estas comparecencias ante la jueza Alejandra Romero Castillo han incluido denuncias de incomunicación, torturas psicológicas y físicas durante su presidio, con el objetivo aparente de mapear y posteriormente confiscar sus patrimonios familiares.
De acuerdo con las transcripciones de las audiencias, un nombre unifica los testimonios de estos empresarios: José Simón Elarba, accionista de la empresa de recolección de desechos Fospuca. Según las versiones presentadas ante el tribunal, Elarba habría aprovechado la prisión de los imputados para tomar control de sus compañías. Los declarantes señalan que mientras permanecían detenidos, Elarba se habría presentado como nuevo propietario de diversas entidades empresariales, utilizando métodos coercitivos para consolidar su control accionario.
En el caso específico de Bancamiga, Carmelo De Grazia relató que su detención ejecutada por la Dgcim el 19 de abril de 2024 sirvió como antesala para el desmantelamiento de la junta directiva de la institución. Como presidente y accionista mayoritario con el 49,5% de las acciones, De Grazia denunció que José Simón Elarba se presentó una semana después como nuevo propietario, presuntamente coaccionando a los accionistas minoritarios mediante contratos privados de compraventa forzada. Según la declaración, Elarba se acreditó la propiedad de 11 millones de acciones, y la Superintendencia de Bancos (Sudeban) emitió un oficio ratificando esta transferencia con una fecha que resultó inconsistente con el intercambio entre socios.
La denuncia de Carmelo De Grazia escaló significativamente al vincular la toma de Bancamiga con la cúpula del Poder Ejecutivo. El banquero afirmó que días antes de su captura, la familia Maduro Flores supuestamente ya había tomado la determinación de controlar la institución financiera, sugiriendo una coordinación de alto nivel en estas operaciones de despojo patrimonial. Estas acusaciones reflejan un patrón sistemático que está siendo documentado en el expediente judicial.
Fuente: Tal Cual — Ver nota original
