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Acuerdo inicial evita juicio contra chofer por matar en atropello a una mujer de 19 años

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Un acuerdo inicial entre las partes evitó que este lunes se realizará un juicio contra un chofer al que se acusa de matar en un atropello a una mujer de 19 años, hecho ocurrido el 7 de junio del 2017 en Cartago.

Aunque no se dieron a conocer los términos del arreglo, el conductor y el dueño del vehículo tienen hasta el 5 de marzo del 2021 para cumplir con la conciliación pactada. En caso contrario, se continúa con el proceso penal o sea la realización del juicio.

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El dato lo dio a conocer el abogado Rafael Rodríguez Salazar, representante de la familia de la víctima Nancy Portuguez Guillén, al finalizar una serie de conversaciones que se dieron la mañana de este lunes en los Tribunales de Cartago.

“Hoy día se dejó planteada una conciliación y se está a la espera de que el Instituto Nacional de Seguros (INS) realice las propuestas de acuerdo a las pretensiones de los ofendidos. Ello en relación con el homicidio culposo (…) Se da término hasta el próximo 5 de marzo del 2021 para homologar la conciliación o bien se inicia el juicio”, dijo Rodríguez.

Antecedente El hecho que está en disputa se dio en La Lima de Cartago, en 2017, cuando Nancy Portuguez caminaba por un lado de la vía rumbo a su trabajo en la empresa de maquinaria agrícola Macor, ubicada a corta distancia.

Ella fue arrollada por un microbús de transporte de estudiantes, que conducía un hombre de apellidos Aguilar Mora.

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Rafael Rodríguez, suegro de la fallecida y quien presentó la querella en nombre de la familia, dijo en mayo del 2019 cuando se realizó la audiencia preliminar, que el Ministerio Público en la acusación y con base en las pruebas periciales recopiladas logró determinó que efectivamente existía responsabilidad de carácter culposo (falta al deber de cuidado) por parte del conductor.

Mientras la responsabilidad penal se le atribuye a Aguilar, el reclamo económico es solidario al propietario de la empresa de transporte, de apellido Pacheco.

En aquel momento trascendió que la familia estaba reclamando una suma de ¢100 millones que corresponde al daño material estimado y se añadiría el cobro por daño moral o sufrimiento causado.

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