Abraham Sequeda propone modelo de Salud Institucional para Venezuela

Para construir un sistema de salud eficiente, beneficioso y confiable en Venezuela, es necesario implementar múltiples estrategias coordinadas y no visiones aisladas. Estas políticas de salud deben constituirse como políticas de Estado y no como planes de gobierno que carecen de sustento orgánico integral. Este enfoque sistémico requiere una estructura operativa sólida que garantice la continuidad más allá de los ciclos políticos, entendiendo la salud como un derecho fundamental derivado de acuerdos, reglas de juego y responsabilidad compartida.

La salud debe ser concebida desde la perspectiva del bienestar general de la población, reconociendo que el derecho a la salud es un constructo producto de la necesidad y los consensos sociales. Sin embargo, este derecho enfrenta una vulnerabilidad crítica cuando los factores que impactan el servicio sanitario y la cobertura universal operan sin un marco institucional sólido. La falta de estructura formal expone al sistema a colapsos operativos y desvíos de sus objetivos fundamentales.

Un modelo integral de salud debe abarcar armónicamente varios ejes: el financiamiento y la sostenibilidad económica, el desarrollo del talento humano, la infraestructura y tecnología, la prevención y atención primaria, así como la política farmacéutica e insumos médicos. En la práctica actual, la política de asistencia médica ha absorbido a las demás dimensiones, generando hospitales de alto nivel que, al carecer de apoyo planificado y evaluación continua, se convierten en estructuras costosas e ineficientes. Este desequilibrio ha comprometido la viabilidad financiera y operativa del sistema.

Para revertir esta situación, la propuesta de Salud Institucional busca garantizar cobertura universal mediante un esquema de financiamiento mixto y sostenible, independiente de la volatilidad de la renta petrolera. Este modelo equilibra la rigurosidad científica y la calidad técnica con la gestión institucional efectiva, evitando los extremos que han debilitado al sistema. La implementación de esta doctrina sanitaria requiere participación ciudadana automática en el financiamiento y elevación de los estándares de gasto público, estableciendo bases sólidas para un sistema de salud resiliente y confiable.

Fuente: La Patilla — Ver nota original

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