Abengoa urge a la SEPI un rescate exprés para evitar la liquidación inminente

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Abengoa espera el dictamen de la SEPI para evitar la mayor quiebra de la historia de España. El Gobierno tiene hasta el 30 de junio para repartir el fondo de rescate empresarial por el Covid-19, al que la compañía ha solicitado 249 millones con los que abrochar el rescate pendiente desde el verano de 2020. En caso de no llegar las ayudas públicas, la empresa se vería abocada a la disolución.

La compañía remitió la semana pasada a la SEPI la documentación requerida para proseguir con el rescate, según indican fuentes próximas a la operación. Las dudas de este organismo versan sobre la identidad y las intenciones de Terramar, el inversor californiano que oferta inyectar 200 millones para, junto al Estado salvar a una compañía que da empleo a 5.000 trabajadores. Sus principales objeciones es conocer los planes industriales del fondo y que blinde el empleo y la sede en España de la empresa de ingeniería.

Pese a que la SEPI cuenta ya con toda la documentación requerida a Abengoa y el detalle de los planes de futuro de su futuro accionista de control, aún guarda mutismo. Espera que los asesores designados, Grant Thorton, consideren a la compañía viable y den luz verde al rescate. El problema está en que el tiempo apremia. La fecha tope para que la SEPI autorice el desembolso de dinero es el próximo 30 de junio. Si el organismo público termina este plazo sin avanzar en el rescate a Abengoa, la compañía y sus acreedores –entre los que destacan Banco Santander, Bankia, CaixaBank, Crédit Agricole y los fondos Blue Mountain, KKR, Alden y Melqart– solicitarían el mismo 1 de julio el concurso que, con la matriz en esta situación desde principios de 2021, abocaría a la compañía directamente a la liquidación.

Último capítulo Corría el verano de 2020 cuando los acreedores de Abengoa pactaron la refinanciación de los 230 millones de pasivo, a cambio del control de la compañía. Esta operación, que aún no se ha realizado, quedaba pendiente del apoyo del ICO, Cesce y la Junta de Andalucía. El Gobierno autonómico declinó participar en el rescate, lo que arruinó la paciencia de los deudores y terminó por llevar al concurso de acreedores a la matriz.

Los esfuerzos entonces se centraron en rescatar a Abenewco, la filial que es dueña de todos los activos operativos. El análisis de los asesores de la SEPI consideraba que esta sociedad no era viable y, por tanto, no podía ser rescatada por el Estado. Por tanto, la solicitud de ayuda se circunscribe ahora a las seis filiales que ostentan los activos.

Pero todo este rescate está condicionado a la participación de la SEPI. Este organismo dependiente del Ministerio de Hacienda teme que ser demasiado laxo pueda provocar un conflicto judicial como el de la aerolínea Plus Ultra. También temen un conflicto con la sindicatura de accionistas minoritarios, dirigida por Clemente Fernández.

Además de la refinanciación bancaria y el apoyo público, la piedra de toque de la operación es la participación de Terramar. Este fondo apareció en un principio para suplir el dinero que la Junta de Andalucía se negaba a inyectar. Actualmente promete 60 millones en capital que irán destinados a reducir las deudas de los distintos acreedores de Abenewco 1 y otros 140 millones en créditos. En paralelo, requiere avales por 300 millones de las entidades financieras que ya están en la compañía. Es decir, de Banco Santander, CaixaBank, Crédit Agricole, Bankinter y BBVA, avaladas en un 60% por CESCE.

Esto supondría que el fondo pasase a controlar en torno al 70% de las filiales operativas de Abengoa. Terramar ha abierto la puerta también a que los accionistas minoritarios participen en el rescate y tomen entre un 1,75% y un 7% de la empresa rescatada, después de que fracasase la oferta alternativa que trataron presentar de la mano de los principales accionistas de OHL, los Amodio. Por el momento, y según indican las fuentes consultadas, los minoritarios no se han interesado por participar en la operación.

LINK ORIGINAL: Cinco Dias

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