A 30 años de un proceso histórico en el debate de status

a_30_anos_de_un_proceso_historico_en_el_debate_de_status.jpg
Entornointeligente.com /

Washington – Nunca antes se avanzó tanto, pero el proceso de status de 1989 a 1991 –que cumple esta semana tres décadas– ha quedado como el último referente de un esfuerzo tripartita para reclamar al gobierno federal que consulte a Puerto Rico sobre su futuro político.

Todo cobró forma después de una carta, del 17 de enero de 1989, en la que los presidentes de los tres partidos políticos inscritos, el gobernador Rafael Hernández Colón , del Partido Popular Democrático (PPD); Baltasar Corrada del Río, del Partido Nuevo Progresista (PNP); y Rubén Berríos Martínez , del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), escribieron al entonces presidente George H. W. Bush y al liderato del Congreso, para pedir una consulta vinculante para Estados Unidos (EE.UU.).

Días antes, tras su reelección como gobernador en noviembre de 1988 y luego de reunirse con miembros del Congreso, Hernández Colón afirmó, en su mensaje inaugural del 2 de enero de 1989, que «ha llegado la hora de que el pueblo exprese nuevamente su preferencia sobre las alternativas de status político y creo que es igualmente necesario que el gobierno de EE.UU. de América manifieste su posición al respecto».

La carta fue en sí un reconocimiento de una realidad que no ha cambiado: el Congreso nunca ha consultado a Puerto Rico sobre alternativas de status ni precisado –más allá de profundizar la relación colonial, como hizo con la ley Promesa– qué está dispuesto a ofrecer.

La histórica convocatoria de los presidentes de los tres partidos del 17 de enero de 1989 fue seguida por expresiones del presidente Bush, en su mensaje del 9 de febrero al Congreso, tres semanas después de su juramentación, en la que exhortó al legislativo federal a «tomar los pasos necesarios para permitir» al pueblo de Puerto Rico «determinar su propio destino político». A nivel personal, Bush se expresó a favor de la estadidad.

Después de un amplio proceso de audiencias, y en otro paso histórico, por vez primera, la Cámara de Representantes aprobó, el 10 de octubre de 1990, un proyecto de ley a favor de alternativas de status. Las definiciones detalladas sobre lo que significaban las alternativas de status, contrario a lo que intentaba el Senado, quedaron relegadas al informe.

Ninguna medida que ofrezca alternativas de status ha sido llevada a votación en el pleno del Senado. En agosto de 1989, lo más que se logró fue aprobar una medida en el Comité de Energía y Recursos Naturales, bajo la jefatura del demócrata J. Bennett Johnston (Luisiana), que representó solo un esfuerzo para permitir llevar la discusión a otros comités.

El 27 de febrero de 1991, al inicio de la sesión 102 del Congreso y cuando la Cámara baja esperaba a ver si era posible adelantar un proyecto en el Senado, el proyecto que impulsó el liderato del Comité de Energía y Recursos Naturales fue derrotado 10-10. La sesión de votación, iniciada una semana antes, estuvo marcada por expresiones en contra de ofrecer de antemano la estadidad a la isla, y en las que se resaltaron las diferencias culturales y económicas entre EE.UU. y Puerto Rico.

Hernández Colón –quien ha estado bajo tratamiento por un padecimiento de leucemia– analizó el proceso en un escrito en la Revista Jurídica de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en 1997. Su hijo, José Alfredo Hernández Mayoral, hizo referencia a esos apuntes, en los que el exgobernador afirmó que el esfuerzo buscó «subsanar las fallas del procedimiento del plebiscito de 1967», que como los más recientes, no pudo generar un avance en las relaciones con EE.UU.

La idea, indicó Hernández Colón, era que «no solo el gobierno estadolibrista gestionara» un proyecto de ley sobre el status de Puerto Rico, «sino también los estadistas e independentistas, para que la gestión fuera representativa de un pueblo unido».

Comité de diálogo

La propuesta incluyó la formación de un Comité de Diálogo que estuvo integrado por el entonces consejero del gobernador Hernández Colón, José Berrocal; el abogado Benny Frankie Cerezo, a nombre del PNP; y Fernando Martín, como representante del PIP. Cerezo fue el delegado nombrado por el exgobernador Carlos Romero Barceló, quien asumió la presidencia del PNP un mes después de enviada la carta de enero de 1989 al gobierno federal y dirigió la estrategia estadista. Romero Barceló no estuvo disponible para responder preguntas.

«Ese Comité de Diálogo ayudó a minimizar que los populares le pusieran zancadillas a los penepés y los penepés a los populares», sostuvo el exsenador Martín, presidente ejecutivo del PIP y el único sobreviviente del trío de miembros de aquella comisión.

Para Martín, fue claro que el proceso terminó porque el liderato republicano del Senado consideró que el proyecto de ley «parecía en efecto una oferta de estadidad», e indicaron «que ellos no deberían aprobar un proyecto que presentara como alternativa la estadidad a menos que estuvieran en actitud de concederla».

Pero, piensa que además la discusión ayudó a acentuar el carácter colonial de la relación con Puerto Rico. En ese sentido, recordó el momento en que Hernández Colón, al presentar su propuesta de Estado Libre Asociado (ELA) mejorado en la primera audiencia del Senado en julio de 1989, el senador Johnston le preguntó dónde residiría la soberanía de la isla bajo esa alternativa y el gobernador le respondió que seguiría en manos del Congreso. También, consideró que el presidente Bush «no movió un dedo» para revivir el proyecto.

Jeffrey Farrow, quien era director ejecutivo del subcomité de Asuntos Insulares de la Cámara baja federal durante ese proceso, coincide con Martín en que, el proceso de 1989 a 1991, marcó el debate para clarificar que las alternativas de ELA que históricamente ha propuesto el PPD en el Congreso solo pueden ser «un status territorial» y que, bajo esa relación, las mejoras son cambios en leyes o programasfederales.

«Lo que los líderes del PPD han querido principalmente, tradicionalmente, en términos de mayor autonomía, requiere soberanía. La igualdad (plena) en programas federales va a requerir contribuir al Tesoro federal, lo que (Luis) Muñoz Marín reconoció», sostuvo Farrow, quien luego fue copresidente del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca de Bill Clinton sobre Puerto Rico y ahora es asesor de grupos proestadidad.

Farrow considera que la derrota del proyecto en el Comité de Energía y Recursos Naturales quedó reflejada excesivamente como un voto en contra de la estadidad. Y sostuvo que Hernández Colón quiso terminar el proceso bajo «esa percepción».

En su análisis, Hernández Colón destacó las expresiones del entonces senador Don Nickles (Oklahoma), quien durante el debate final de febrero de 1991 subrayó que solo la propuesta de independencia es una decisión unilateral de los residentes de Puerto Rico, y avivó las preguntas sobre la posibilidad de que se requiera una supermayoría para considerar una petición de estadidad.

«Si aprendimos algo de aquel proceso de 1989 a 1991 es que la alternativa de estadidad es de por sí una píldora venenosa», sostuvo Martín. Farrow considera que la ganancia fue conocer que solo la estadidad y la independencia son alternativas para resolver permanentemente la indefinición política de la isla.

Otros procesos

Tras la aprobación del proyecto de 1990, el cual en gran medida preparó Farrow, la Cámara ha ratificado en dos ocasiones –1998 y 2010–, proyectos que perseguían regular un plebiscito sobre alternativas de status. Ninguno fue considerado en el Senado.

En el 2000, cuando Farrow estaba en el gobierno de Clinton, el Congreso aprobó un lenguaje que ofrecía consultar con la Casa Blanca las alternativas de status de un plebiscito convocado en San Juan. La medida no generó interés en el gobierno de Sila María Calderón, elegida por el PPD.

Luego del plebiscito de 2012, en el que los puertorriqueños rechazaron el status territorial, el gobierno del presidente Barack Obama –a petición de José Serrano (Nueva York) y el entonces comisionado Pedro Pierluisi–, propuso un lenguaje parecido que se convirtió en ley en 2014, para que fuera el secretario de Justicia de EE.UU. el que validara las alternativas de un referéndum.

Aunque el gobierno de Puerto Rico inició el proceso de consultas con Justicia, no esperó por la validación del plebiscito de junio de 2017, en el que –en medio de un boicot de los partidos de oposición y la más baja participación electoral de la historia para un referéndum de status– la estadidad obtuvo el 97% de los votos.

Hace unos meses, aliados republicanos del PNP recomendaron volver a hacer consultas con Justicia federal y convocar en San Juan a un referéndum estadidad sí o no, pues, según el republicano Rob Bishop (Utah), la falta del visto bueno del gobierno de Donald Trump ha permitido a la oposiciónimpugnar los resultados.

«Es difícil ver un consenso congresional adecuado para aprobar una (nueva) ley que tenga mayores consecuencias (que la del 2014) sin una petición de status indisputada que surja desde el territorio», dijo Farrow.

Hernández Mayoral, quien ha estado cercano a los asuntos federales del PPD, sostuvo que su padre ha pensado que para avanzar este debate «se tiene que trabajar juntos, pero que no ve que existe esa disposición» en estos momentos.

Martín, sin embargo, piensa que el proceso final deberá ser, de todos modos, «una votación entre alternativas que pongan fin a la condición territorial y sobre las cuales haya un compromiso político de EE.UU. de ponerlas en marcha».

LINK ORIGINAL: El Nuevo Día

Entornointeligente.com