Aunque la vicepresidenta Delcy Rodríguez reconoció la emergencia climática y reclamó financiamiento para países en desarrollo durante la COP31 celebrada en Antalya, Turquía, entre el 9 y 20 de noviembre, no incluyó en su intervención las demandas específicas de las mujeres venezolanas. Rodríguez fue una de las ocho mujeres que participaron en las plenarias de alto nivel de la conferencia y encabezó la delegación venezolana junto a la ministra de Hidrocarburos Paula Henao. Sin embargo, esta representación femenina no se tradujo en propuestas concretas para atender las consecuencias diferenciadas que el cambio climático genera en las venezolanas.
A nivel global, las mujeres sufren impactos desproporcionados del cambio climático, con costos estimados entre 16 mil y 17 mil millones de dólares según el tipo de desastre natural. Organismos internacionales advierten que para 2050 podría haber 158 millones de mujeres y niñas empobrecidas adicionales, mientras 232 millones más enfrentarían inseguridad alimentaria. Los hogares con jefatura femenina resultan particularmente vulnerables ante sequías, inundaciones y temperaturas extremas.
En Venezuela, los impactos del cambio climático ya son tangibles en la economía y calidad de vida de las mujeres. Entre 2013 y 2022, la exposición al calor provocó la pérdida anual de 1.500 millones de horas de trabajo, representando un aumento del 109% en comparación con el período 1991-2000. Estas pérdidas laborales se tradujeron en ingresos potenciales no percibidos de aproximadamente 6.400 millones de dólares anuales, según el informe de Lancet Countdown. A estas pérdidas económicas se suma la precariedad de servicios públicos como agua y electricidad, carga que recae desproporcionadamente sobre las mujeres responsables del cuidado del hogar.
Venezuela carece de instrumentos institucionales para medir y atender esta crisis climática con perspectiva de género. Según la organización Clima21, el país no dispone de un plan nacional de adaptación al cambio climático ni de políticas específicas que integren género en la estrategia ambiental. Las organizaciones comunitarias que trabajan estas temáticas enfrentan barreras significativas para acceder a recursos, limitando su capacidad de respuesta ante una crisis que afecta desproporcionadamente a millones de venezolanas.
Fuente: Tal Cual — Ver nota original