La nueva mayoría conquistada por el Partido Demócrata en el Congreso de los Estados Unidos impulsa un paquete de iniciativas legislativas orientadas a frenar y fiscalizar la política aplicada por la administración del presidente Donald Trump hacia Venezuela. Las acciones parlamentarias se concentran en establecer controles presupuestarios sobre el uso de recursos públicos en negocios petroleros y en limitar eventuales intervenciones directas en los asuntos internos del país suramericano.
Según reportes difundidos por la agencia AFP, la representación demócrata redactó al menos dos proyectos de ley diseñados para restringir las operaciones discrecionales de la Casa Blanca en territorio venezolano. La estrategia busca reinstaurar la supervisión sobre la política exterior estadounidense en América Latina y el Caribe tras la jornada electoral de mitad de mandato celebrada el pasado 3 de noviembre de 2026.
El foco prioritario del control parlamentario recae sobre el convenio energético pactado en agosto entre Washington y Caracas, el cual faculta la explotación de yacimientos en suelo venezolano a través del consorcio North American Blue Energy Partners (NABEP). Esta alianza busca que empresas estadounidenses participen en la extracción de recursos naturales en territorio venezolano bajo supervisión federal.
La controversia legislativa surgió tras revelarse que el Departamento de Defensa estadounidense mantendría una participación indirecta de 35% en la citada firma empresarial. Esta situación encendió las alarmas sobre el desvío de partidas presupuestarias del Pentágono hacia la industria petrolera extranjera, generando interrogantes sobre el uso adecuado de fondos públicos destinados a defensa.
Los demócratas también buscan establecer límites a lo que denominan la Doctrina Donroe, que otorgaría a la administración Trump facultades amplias para intervenir en asuntos internos de naciones latinoamericanas bajo justificaciones de seguridad nacional. Esta doctrina ha sido criticada por ampliar discrecionalmente el poder ejecutivo en política exterior.
El senador demócrata Jack Reed y otros legisladores exigen explicaciones formales sobre estos acuerdos y plantean que cualquier participación del Pentágono en empresas petroleras requiera aprobación previa del Congreso. Las iniciativas buscan restaurar los equilibrios constitucionales de poder y evitar que fondos de defensa se utilicen para propósitos comerciales sin supervisión legislativa.
Fuente: Tal Cual — Ver nota original
