Trabajadores de la salud, maestros y profesores universitarios realizan una asamblea intersectorial en la Universidad Central de Venezuela con el objetivo de definir acciones de protesta para exigir mejores condiciones laborales y aumentos salariales. La profesora Ana Vielma, coordinadora seccional de la Facultad de Ingeniería de la UCV, declaró que "nos estamos reuniendo los sectores que hacemos nación, que sostenemos la ciudadanía y que nuestro salario cada día tiende a cero".
Bajo la consigna "el trabajo es un derecho humano", los representantes sindicales y gremiales demandan aguinaldos, salarios dignos, la reactivación de los contratos colectivos, y la recuperación de las pensiones y beneficios sociolaborales. Esta movilización refleja el descontento generalizado por cuatro años sin incremento salarial en Venezuela.
En Venezuela el salario mínimo permanece congelado desde 2022 en 130 bolívares, cantidad que equivale a menos de 20 centavos de dólar y se utiliza para calcular los pasivos laborales. Esta cifra se ha tornado obsoleta frente a la inflación que atraviesa el país.
Para compensar a los trabajadores, el gobierno creó la figura del "ingreso mínimo integral", un bono que alcanza los 240 dólares pero no tiene incidencia en las prestaciones sociales. Gremios y sindicatos rechazan esta "bonificación" del salario por considerarla insuficiente y discriminatoria.
La situación salarial es crítica: un profesor titular a dedicación exclusiva en una universidad autónoma devenga 522,16 bolívares mensuales, menos de 60 centavos de dólar. Tomando como referencia esa cantidad, el bono de fin de año no superaría los 10 dólares, lo que evidencia el colapso de los ingresos laborales.
La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció que en 2027 decretará cuatro aumentos del ingreso de los trabajadores, según el crecimiento económico que registre el país. Sin embargo, esta promesa no ha calmado las demandas de los sectores laborales que requieren soluciones inmediatas.
Fuente: Infobae VE — Ver nota original