(Gráfica: Referencial) La oenegé Acceso a la Justicia presentó su informe anual titulado “Justicia aplazada en Venezuela”, una radiografía que expone el profundo colapso institucional, la vulneración sistemática de los derechos fundamentales y el asedio al espacio cívico durante el cierre del año 2025. Una década en el fondo del Estado de Derecho El indicador más lapidario del informe proviene del Índice de Estado de Derecho 2025, elaborado por el World Justice Project –refiere el portal “El Regional del Zulia–, el cual ubicó a Venezuela, por décimo año consecutivo, en el último puesto a nivel mundial (lugar 143 de 143 países evaluados). El desglose de las calificaciones refleja una precariedad extrema: Justicia penal: Apenas obtuvo 0,11 puntos sobre 1. Justicia civil: Alcanzó 0,26 puntos. Derechos fundamentales: Se situaron en 0,28 puntos. Restricciones al sector humanitario y opacidad financiera En el ámbito de las organizaciones no gubernamentales, el estudio advierte sobre el impacto de la denominada Ley Antisociedad, señalando que apenas un 20% de las ONG de carácter humanitario o mixto lograron concretar su registro legal bajo las nuevas exigencias normativas, lo que representa una severa amenaza para la asistencia social. Asimismo, el informe denunció una marcada opacidad en la gestión judicial y fiscal. Como ejemplo de ello, citó el denominado caso Pdvsa Cripto, donde la Fiscalía estimó un daño patrimonial cercano a los 30.000 millones de dólares, mientras que los bienes de activos recuperados apenas totalizaron 240 millones de dólares, y advierte, además, sobre cuestionamientos recurrentes a la vulneración del principio de presunción de inocencia. Desempeño del TSJ y crisis en el sistema de justicia En cuanto a la administración de justicia interna, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) reportó la emisión de 6.292 sentencias con una supuesta tasa de resolución de 130,5%. Sin embargo, Acceso a la Justicia puntualizó que la carencia de datos detallados y tran
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