Correo: [email protected] El pasado sábado 12 de septiembre asistí a un evento en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCV, organizado por la Friedrich Ebert Stiftung y un partido de la oposición democrática venezolana de inspiración socialdemócrata, cuyo tema central fue «¿Hacia dónde va Venezuela?». Allí intervinieron como ponentes una destacada investigadora de la historia y profesora universitaria, miembro de la Academia Nacional de la Historia, y un importante analista político. Sus planteamientos generaron en mí tanto coincidencias como desacuerdos, pero lo más importante es que sus aportes motivaron también las reflexiones y preguntas que inspiran este artículo y que, por razones de espacio, seguiré desarrollando en una próxima entrega. Debatir sobre el futuro de Venezuela suele activar la recurrente tentación de refugiarse en una narrativa reconfortante, según la cual nuestra historia está constituida por una sucesión continua de negociaciones y acuerdos que han permitido superar nuestros casi innumerables conflictos gracias a nuestra natural vocación republicana, apuntalada por principios como el de la legitimidad. Sin embargo, al confrontar esa visión con los reales procesos histórico-sociales de nuestra formación como nación, la tesis de «un pueblo movilizado que pacta cívicamente su destino» se revela más como una construcción idealizada que como una constante histórica. La idea de una sociedad movilizada por principios republicanos como el de la legitimidad solo cobra fuerza real con el proceso de la modernización, acelerado en Venezuela tras la muerte de Juan Vicente Gómez en diciembre de 1935. Antes de ese momento, los acuerdos producidos en el siglo XIX carecieron por completo de protagonismo popular. El Tratado de Coche (1863), con frecuencia presentado como un ejemplo de entendimiento, no fue más que una transacción entre élites militares y políticas exhaustas tras la devastación causada por la Guerra Federal. No hubo allí búsqueda de consenso social ni participación ciudadana, sino una repartición pragmática del poder entre las cúpulas del conservadurismo y el liberalismo. La cultura política venezolana no se ha constituido teniendo como uno de sus pilares la idea de los pactos civilistas, sino a partir de la inmanencia de la persistente tríada histórica del caudillismo, el personalismo político y el militarismo. A lo largo de más de dos siglos, el verdadero poder en Venezuela no ha emanado de las instituciones republicanas, sino de la fascinación de nuestra sociedad por el hombre fuerte y la subordinación a las armas. En tal contexto, el Pacto de Punto Fijo (1958), que dio lugar a la etapa más brillante de la historia democrática de nuestro país, no puede ser entendido como la norma de la venezolanidad política, sino como una excepción. Durante cuatro décadas, un liderazgo civil consciente de los demonios de nuestra historia logró encorsetar nuestras pulsiones autoritarias para edificar un periodo inédito de estabilidad democrática e institucional. Sin embargo, cuando el modelo puntofijista entró en crisis por múltiples causas, la sociedad venezolana no buscó renovar la institucionalidad civil, sino que reaccionó replegándose hacia los atávicos hábitos decimonónicos. Los 27 años de hegemonía chavista no representan un accidente fortuito, ni son solo la expresión del aprovechamiento de nuestros déficits democráticos por parte de poderes extranjeros; son también producto de la reencarnación del caudillismo militarista, adaptado a los códigos del siglo XXI. Este autoritarismo recurrente en Venezuela no va a desaparecer taumatúrgicamente por la simple invocación de una supuesta tradición fundacional inclinada a los pactos, sino reconociendo el peso de nuestro atavismo caudillista para, finalmente, poder superarlo. El Pacto de Punto Fijo no fue el resultado de una vocación democrática innata en el cuerpo social venezolano, sino de un minucioso diseño de ingeniería política elaborado por ciertas él
Fuente: Tal Cual — Ver nota original
