Correo: [email protected] El pasado 24 de julio, día de la conmemoración del natalicio de Simón Bolívar, el recientemente designado Canciller de Venezuela, Félix Plasencia, anunció la denuncia del Estatuto de Roma y el consecuente inicio del proceso de retiro definitivo de nuestro país de la Corte Penal Internacional (CPI). Plasencia señaló que tal medida obedecía a instrucciones directas de la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, alegando como justificación de tal decisión que «Venezuela considera que la actuación de la Corte responde a un sesgo geográfico demostrado, que ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos». Según la declaración oficial de Plasencia, la CPI ha demostrado un «patrón» que «revela una justicia internacional que, lejos de aplicarse con equidad, ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos». Para analizar adecuadamente los elementos políticos subyacentes a tal anuncio, es fundamental establecer una precisión jurídica preliminar. El Estatuto de Roma es el instrumento fundador de la ya mencionada Corte Penal Internacional (CPI), la cual nunca debe confundirse con la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que es el organismo de las Naciones Unidas para dirimir las disputas entre los Estados miembros del sistema de la ONU, mientras que la Corte Penal Internacional, el tribunal denunciado por Plasencia, se encarga de juzgar a personas acusadas de cometer crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. En el contexto de la situación política actual de Venezuela, definida por la intervención militar estadounidense del pasado 3 de enero de 2026, es sin duda válido preguntarse si el anuncio al que estamos haciendo referencia constituye una nueva demostración de la subordinación de Venezuela a los Estados Unidos, aceptando el protectorado de facto impuesto luego de la extracción de Nicolás Maduro. En tal sentido, no podemos desestimar que podríam
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