Lapatilla julio 26 2026, 11:22 amPosteado en: OpiniónCompártelo: Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn Actualmente, cualquier esfuerzo para reestructurar la deuda soberana de Venezuela se enfrenta a un obstáculo que no puede solucionarse con cálculos financieros. Las sentencias en contra de los oficiales que gestionaron la Oficina Nacional del Tesoro entre 2007 y 2013 están registradas en el Distrito Sur de Florida. Fue cuando se emitieron la mayor parte de las veinticuatro herramientas de deuda pública venezolana (catorce bonos de la República, nueve de Petróleos de Venezuela S.A. y uno de Electricidad de Caracas). De acuerdo con información de Octus, el total de la deuda pública de Venezuela, una cifra sin auditar ni verificar, es de USD 171.500 millones (USD 102.500 millones por intereses vencidos y USD 69.000 millones por deuda no bonificada). En un resultado también sin justificar legalmente, el Financial Times aumenta esta cifra a USD 240.000 millones, una suma todavía más cuestionable. Suscríbete aquí para hacerle seguimiento diario al rescate de Venezuela tras los sismos Hasta ahora, hemos abordado para las entregas del pilar 0, el segmento de bonos con fines explicativos. Esta misma serie, como trabajo analítico se ha alimentado de esta coincidencia temporal. No obstante, coincidir en el calendario no significa necesariamente probar un vínculo. Hay un vacío de imputación entre una condena que afecta a una persona natural y un resultado acerca de un instrumento financiero en particular. Para cerrarla, se necesita un método que pueda verificarse, respaldado por fuentes institucionales que sean contrastabl
Fuente: La Patilla — Ver nota original