El diplomátcio anunció que el Ejecutivo notificó al secretario general de la ONU la decisión de denunciar el Estatuto de Roma. El Gobierno argumenta que la CPI actúa con un «sesgo geográfico» y la acusa de instrumentalizar la justicia internacional contra el país El canciller Félix Plasencia informó este viernes 24 de julio que el gobierno interno de Delcy Rodríguez inició el proceso para retirar al país de la Corte Penal Internacional (CPI), al comunicar al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, su decisión de abandonar el Estatuto de Roma, tratado que dio origen al tribunal internacional. En un mensaje publicado en su cuenta de X, Plasencia indicó que la decisión fue tomada «por instrucciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez», y que el procedimiento se hará conforme al artículo 127 del Estatuto de Roma, que establece el mecanismo mediante el cual un Estado puede retirarse del acuerdo. El ministro aseguró que Venezuela considera que la actuación de la Corte responde a un «sesgo geográfico demostrado», al sostener que sus investigaciones se han concentrado «de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos, en detrimento del Sur Global». Según Plasencia, ese patrón «revela una justicia internacional que, lejos de aplicarse con equidad, ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y a la soberanía». También afirmó que la Corte ha puesto «sus mecanismos al servicio de intereses ajenos a la justicia y a los pueblos que dice proteger», por lo que el Ejecutivo rechaza lo que calificó como «una dimensión de lawfare, que perpetúa la persecución contra el pueblo venezolano y agrava las desigualdades que la justicia internacional debería corregir». El canciller agregó que el Gobierno mantiene su compromiso con «una justicia genuinamente equitativa, respetuosa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos». El Estatuto de Roma, aprobado en 1998
Fuente: Tal Cual — Ver nota original
