Diario El Universal 21/07/2026 09:20 am Caracas.- Muchas cosas han sucedido en el medio año transcurrido desde que las Fuerzas Especiales de Estados Unidos secuestraron al presidente Nicolás Maduro de Venezuela y a su esposa, Cilia Flores. Pero si logra recordar un poco más atrás, quizá recuerde que la administración Trump insistió en que la misión no fue una invasión; fue una “extradición”. Se trataba, decían, de un asunto legal, que debía ir seguido de un juicio penal. Muchos académicos del derecho, comentaristas y funcionarios gubernamentales se alinearon para respaldar esa postura como legal, a pesar de que Venezuela sostuvo inmediatamente lo contrario. Pero cuando el caso del señor Maduro vuelva a los tribunales, el 22 de julio, los fiscales federales podrían encontrarse con un obstáculo bastante importante: nuestros tribunales no tienen autoridad para conocer de su caso. Y la ley que así lo establece fue promulgada por los propios Estados Unidos de América.Si Estados Unidos honra el acuerdo que firmó, bien podría verse obligado a liberar a su más preciado prisionero.La razón se remonta a las primeras décadas del siglo XX, cuando un tema que hoy parece árido y meramente técnico —el arbitraje internacional— era una causa emocionante e idealista, promovida como una herramienta moderna y racional de justicia con el poder de cambiar el mundo.El presidente William Howard Taft creía tan firmemente en su potencial que dedicó parte de su discurso inaugural de 1909 a ensalzar sus virtudes: «Favorecemos todo instrumento, como el Tribunal de La Haya y los tratados de arbitraje, creado con el propósito de ser utilizado en todas las controversias internacionales, a fin de mantener la paz y evitar la guerra». Defendió esta práctica durante toda su presidencia y, cuando dejó la Casa Blanca, llegó incluso a desempeñarse como árbitro internacional. El presidente Woodrow Wilson también abrazó esa causa. Su secretario de Estado, William Jennings Bryan, propuso la creación de comisiones permanentes e independientes para resolver las disputas entre las naciones. Taft, Wilson y Bryan tenían buenas razones para buscar nuevas formas de preservar la paz: el mundo se precipitaba hacia la guerra.Años después, cuando la paz fue restablecida, Estados Unidos comenzó a incluir cláusulas de arbitraje en numerosos tratados. Uno de ellos fue un tratado de extradición firmado en 1922 entre Estados Unidos y Venezuela. En él se establece, en parte, que «todas las diferencias entre las partes contratantes relativas a la interpretación o ejecución de este tratado serán decididas mediante arbitraje». Aprobado por el Senado y ratificado por el presidente, ese documento tiene fuerza de ley.Pues bien, hoy existen claramente «diferencias entre las partes contratantes». El gobierno de Venezuela está cooperando con la administración Trump en materia de exportaciones de petróleo, pero ha sostenido públicamente que la captura del señor Maduro fue ilegal conforme al derecho internacional, y eso incluiría el tratado de extradición.Una disputa de esta naturaleza debería activar claramente la cláusula de arbitraje del tratado de 1922. De acuerdo con sus disposiciones, el juez Alvin Hellerstein, quien supervisa el juicio del señor Maduro, debe suspender el proceso y remitir el asunto a un panel de evaluadores independientes para que examinen el tratado y determinen si ha sido respetado. Si los árbitros concluyen que la captura del señor Maduro violó el tratado, Estados Unidos estaría obligado a ponerlo en libertad.¿Suena descabellado? La Corte Suprema ha reafirmado ese principio una y otra vez en casos que abarcan más de un siglo.El primero fue en 1886, cuando los magistrados resolvieron que el procesamiento de William Rauscher, quien había sido extraditado desde Gran Bretaña, había violado los términos del tratado de extradición entre ambos países, porque los cargos por los que fue juzgado no eran los mismos por los que había sido entregado. Gracias a que la Corte insistió
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