Mientras el Ministerio Público insiste en la validez del proceso, los acusados por el caso Pdvsa Cripto denuncian la violación del principio de publicidad y condiciones precarias de reclusión, en un juicio que, tres años después de iniciado, se ha alejado de la trama de corrupción financiera para centrarse en un proceso que los imputados califican de «purga política». Los tres chóferes involucrados en la trama decidieron declararse en huelga de hambre hasta ser atendidos por el diputado Jorge Arreaza La fase de exposición del juicio por el caso Pdvsa Cripto avanzó el lunes 15 de junio sin mayores sorpresas para la defensa y familiares de los 64 imputados por la trama, quienes desde el inicio del proceso han denunciado irregularidades. Durante la audiencia, la jueza Alejandra Romero Castillo declaró sin lugar la mayoría de las solicitudes presentadas por las defensas, incluyendo las peticiones de decaimiento de las medidas privativas de libertad, y solo aceptó ordenar una investigación sobre las violaciones de derechos humanos, entre ellas torturas, denunciadas por los detenidos. La jueza del caso Pdvsa Cripto ha mantenido los ojos y los oídos de la prensa lejos del tribunal. Sin embargo, de acuerdo con transcripciones a las que TalCual tuvo acceso, en la audiencia del lunes el fiscal Eddie Rodríguez, en representación del Ministerio Público (MP), argumentó que las solicitudes de libertad debían ser desestimadas debido a que la Fiscalía consignó formalmente las prórrogas de las medidas privativas de libertad para todos los procesados. El fiscal rechazó las denuncias de violaciones a los derechos humanos expuestas en sala, al afirmar que no tiene conocimiento de denuncias formales ante la Fiscalía o la Defensoría del Pueblo, por lo que desestimó que los señalamientos puedan ser utilizados como causa para anular el proceso. En su pronunciamiento, la jueza Romero ratificó su competencia para conocer la causa y desestimó los argumentos sobre la falta de publicidad del juicio, señalando que en la sala se encontraba presente público. Sin embargo, TalCual pudo conocer que a lo largo del proceso, iniciado el 20 de abril, cuando por fin dejaron ingresar civiles a las audiencias el público era de un máximo de cuatro personas y estaban integrados por los primeros que llegaran al Palacio de Justicia y entregaran las cédulas a las autoridades. TalCual, además, pudo corroborar que hubo audiencias en las que el público quedó afuera porque el acceso al piso seis del edificio fue restringido sin previo aviso y que varias de estas sesiones se realizaron solo con la presencia de los miembros del tribunal, los 64 imputados y más de 40 abogados, junto a más de 30 efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) enmascarados y fuertemente armados. En las audiencias de los días lunes 20, miércoles 22, viernes 24, lunes 27 y miércoles 29 de abril, así como la del lunes 4 de mayo, la juez no permitió acceso del público. «Ante los insistentes reclamos de los abogados para que la juez cumpliera el Código Orgánico Procesal Penal, y la advertencia de que todos los actos realizados a puerta cerrada son nulos, fue solo el miércoles 6 y viernes 8 de mayo que dio parcial cumplimiento a la norma cuando permitió que ingresaran cuatro personas del público cada día», detalló una fuente a este medio. Este hermetismo viola el principio de publicidad del artículo 15 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), dado que el caso no cumple con ninguna de las excepciones legales para celebrarse a puerta cerrada. Respecto a las denuncias sobre violaciones de derechos humanos, el tribunal ordenó al Ministerio Público que iniciara una investigación, aunque declaró «sin lugar» las peticiones de traslado de los detenidos o el cambio de centro de reclusión, bajo el argumento de falta de competencia. Varios de los acusados han denunciado haber sido víctimas de torturas, la mayoría durante su detenc
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