Los esfuerzos de la justicia argentina por lograr la extradición de un exoficial de la Guardia Nacional Bolivariana refugiado en España, acusado de crímenes de lesa humanidad, representan una vía significativa hacia la rendición de cuentas por abusos cometidos en Venezuela. Human Rights Watch destacó que el avance del procedimiento contra el excoronel Ephraín Enrique Verdú Torrelles bajo el principio de jurisdicción universal pone a prueba los mecanismos de cooperación internacional para evitar que exfuncionarios señalados por violaciones graves eludan la justicia. La organización defensora de derechos humanos enfatizó que, aunque las decisiones políticas han avanzado, la última palabra la tendrá la vía judicial europea, donde el tribunal español decidirá si procede o no con la extradición.
Para Human Rights Watch, la activación de esta causa constituye un paso histórico, pues Verdú Torrelles podría convertirse en el primer militar venezolano de alto rango en ser entregado a un tercer país para ser procesado presencialmente por crímenes de lesa humanidad. El exoficial está acusado de participar en el patrón de represión sistemática ejecutado durante las protestas antigubernamentales de 2014 en Venezuela. Michelle Reyes Milk, asesora sénior de justicia internacional de Human Rights Watch, señaló que "las víctimas en Venezuela no han tenido justicia en su país, y la solicitud de extradición presentada por Argentina es un recordatorio de que la justicia puede cruzar fronteras".
El procedimiento ha seguido una ruta transnacional clara: la causa penal se inició en los tribunales federales de Argentina en junio de 2023, impulsada por la organización InterJust en representación de familiares de víctimas. Una vez confirmado que el implicado residía en la región de Galicia, un juez federal argentino dictó formalmente la orden de extradición en febrero de 2026. El requerimiento diplomático fue procesado y el Consejo de Ministros de España aprobó formalmente continuar con el trámite por la vía judicial, remitiendo el expediente al Juzgado de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional.
Human Rights Watch recordó la urgencia de estos procesos frente al panorama de impunidad estructural que impera en los tribunales venezolanos. El caso impulsado en Argentina incluye el reclamo de justicia de múltiples familiares de víctimas que han permanecido sin respuestas en su país de origen. Esta iniciativa ejemplifica cómo la jurisdicción universal permite que terceros países actúen donde las instituciones nacionales han fracasado, estableciendo precedentes internacionales relevantes para futuros procesos contra violadores de derechos humanos.
Fuente: Efecto Cocuyo — Ver nota original
