Robert Villamarín Pacheco, ingeniero de 39 años originario de Venezuela, lleva casi tres años detenido en cárceles del gobierno venezolano tras ser acusado de participar en el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro ocurrido el 4 de agosto de 2018. Ese día, dos drones cargados con explosivos estallaron cerca de la tarima presidencial ubicada en la avenida Bolívar, en el centro de Caracas, durante un acto público. Villamarín Pacheco, quien había emigrado a Chile en 2016 buscando mejores oportunidades, regresó a su país en julio de 2023 para visitar a su familia y renovar sus documentos. Sin embargo, cuando acudió a las oficinas del Saime en el estado Mérida el 2 de agosto de 2023 para completar el trámite de su pasaporte, fue detenido sin poder salir nuevamente.
La acusación en contra del ingeniero se sustenta en los delitos de asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo. Según los documentos del caso, Villamarín Pacheco habría transferido 70 millones de bolívares desde una cuenta bancaria venezolana a Yenni Fabiana Pernía, otra de las presuntas implicadas en el incidente, en la misma fecha del atentado. No obstante, sus abogados defensores subrayan la falta absoluta de pruebas concretas que demuestren la existencia de tal transacción bancaria o que establezcan su participación efectiva en la supuesta conspiración.
La familia de Robert Villamarín, encabezada por su madre Rosario Pacheco de Villamarín de 62 años, ha manifestado su convencimiento de que su hijo es inocente y ha solicitado públicamente su amnistía. Rosario asegura no comprender cómo su hijo mayor, uno de cinco hermanos, terminó envuelto en acusaciones tan graves. La única conexión que la familia logra identificar es que Robert conocía a Yenni Pernía, lo que sugiere podría haber sido incluido erróneamente en el caso. Los defensores de derechos humanos denuncian que aún existen más de 400 presos políticos en Venezuela, a pesar de las liberaciones ocurridas en los últimos meses.
El caso de Villamarín Pacheco representa una preocupación adicional debido a las violaciones procesales denunciadas por su equipo legal. Hasta la fecha, el juicio no ha sido abierto formalmente, lo cual constituye una dilación que viola la normativa legal venezolana sobre plazos de procesamiento. La ausencia de evidencia sólida, combinada con las irregularidades procedimentales y el tiempo transcurrido sin avances judiciales, ha motivado que organizaciones defensoras de derechos humanos se unan al llamado de su familia por su liberación.
Fuente: Infobae VE — Ver nota original
