El cónsul uruguayo en Caracas ha mantenido contacto constante con el ciudadano uruguayo José Breijo, quien atraviesa una delicada situación humanitaria y legal tras su excarcelación y arresto domiciliario en Venezuela. Según informó la defensora de derechos humanos Giuliana a través de su cuenta en X, el funcionario consular ha estado presente personalmente, brindando acompañamiento y colaborando con los insumos necesarios para atender las condiciones actuales del ciudadano. Asimismo, la Cancillería de Uruguay se mantiene en comunicación permanente y seguimiento activo del caso del ciudadano uruguayo-venezolano, demostrando el compromiso del país caribeño con la protección de sus nacionales.
El periodista y activista de derechos humanos Carlos Julio Rojas ha jugado un papel fundamental en el apoyo a Breijo, quien actualmente no cuenta con teléfono móvil. Rojas ha mantenido contacto directo con el ciudadano y lo acompañó el miércoles en la realización de un chequeo médico, debido a su delicado estado de salud. Esta situación ha generado preocupación entre diversas organizaciones de derechos humanos que monitorean el caso internacionalmente.
Uno de los hechos más relevantes ocurrió en la madrugada del 27 de mayo, cuando Breijo recuperó su apartamento en Caracas después de que fuera ocupado de forma irregular por un funcionario del Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES). El inmueble fue desocupado tras la presión pública y mediática, aunque el afectado encontró sus pertenencias sustraídas o dañadas durante la ocupación. Este hecho generó amplia repercusión internacional, ya que se trataba de un preso político que, bajo arresto domiciliario, no podía ingresar a su propia vivienda.
José Breijo, ciudadano uruguayo-venezolano de 73 años, fue detenido en 2023 y permaneció más de dos años en prisión bajo acusaciones vinculadas a supuestos hechos de terrorismo. Tras su liberación bajo arresto domiciliario, denunció que su vivienda había sido ocupada por el mismo funcionario que habría participado en su detención. El caso ha trascendido las fronteras nacionales, convirtiéndose en un símbolo de las vulneraciones a derechos humanos documentadas en el país.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
