El ex gobernador y diputado del estado Bolívar, Andrés Velásquez, ha realizado denuncias sobre la operación de granjas de minería de criptomonedas en el corazón del sistema eléctrico venezolano, específicamente en instalaciones críticas del país. Según el dirigente opositor, a pesar de que el gobierno de Delcy Rodríguez ha declarado públicamente la guerra a estas operaciones, existen máquinas para explotar criptomonedas funcionando en el complejo hidroeléctrico de Macagua y en la subestación Guayana, ambas ubicadas en el estado Bolívar al sur del país. Velásquez responsabiliza directamente a la mandataria regional Yulisbeth García y al jefe regional de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), Rafael Rangel, de permitir y proteger una actividad que está formalmente prohibida en Venezuela.
El estado Bolívar alberga infraestructuras energéticas de vital importancia para la nación, incluyendo la central hidroeléctrica Simón Bolívar, considerada la columna vertebral del deteriorado sistema eléctrico venezolano. Las denuncias de Velásquez contrastan con los anuncios públicos de la gobernadora García, quien recientemente celebró como logro la desactivación de una granja de minería que contenía 310 máquinas y afectaba a más de 350 viviendas. Sin embargo, el líder opositor señala que mientras se promociona el desmantelamiento de algunas instalaciones, otras continúan operando protegidas dentro de las propias estructuras de Corpoelec.
Venezuela atraviesa una severa crisis en su sistema eléctrico que ha obligado al gobierno a implementar un plan de ahorro que se traduce en cortes diarios del servicio durante cuatro horas o más en casi todo el territorio nacional. Esta situación crítica hace aún más grave la denuncia sobre el uso de la infraestructura hidroeléctrica para minería de criptomonedas, actividad que consume grandes cantidades de energía. El Ministerio de Energía Eléctrica ratificó el pasado 7 de mayo la prohibición absoluta de la minería digital en el país, advirtiendo que los violadores serán sancionados con todo el peso de la ley.
La gravedad de la crisis energética ha motivado que gobernadores chavistas también se unan a los esfuerzos por combatir estas operaciones. Rafael Lacava, gobernador del estado Carabobo, llegó incluso a ofrecer una recompensa de mil dólares a quienes proporcionen información sobre granjas de minería en su entidad. Las denuncias de Velásquez sugieren que la prohibición gubernamental sobre minería digital no se aplica de manera uniforme, especialmente cuando funcionarios locales pueden estar beneficiándose de estas operaciones ilegales que deterioran aún más los ya críticos servicios eléctricos del país.
Fuente: Infobae VE — Ver nota original
