El régimen venezolano ha implementado una práctica sistemática de doble castigo contra los presos políticos: además de privarlos de su libertad, les arrebata sus bienes sin mediación de orden judicial alguna. El caso más emblemático es el del ciudadano uruguayo-venezolano José Breijo, de 73 años, quien tras cumplir dos años de cárcel recibió el beneficio de casa por cárcel, solo para descubrir que un efectivo policial había invadido su apartamento. Este hombre se vio obligado a dormir en las áreas comunes del edificio mientras funcionarios presidenciales actuaban en la madrugada del 27 de mayo para recuperar el inmueble. El periodista Carlos Julio Rojas, también excarcelado político, denunció públicamente este abuso, exigiendo la devolución de todas las pertenencias sustraídas y una investigación contra el policía responsable.
Organizaciones defensoras de Derechos Humanos han documentado ampliamente esta práctica delictiva que afecta a múltiples presos políticos. El exdiputado opositor Williams Dávila relató cómo su vehículo fue entregado completamente desvalijado tras pasar año y medio privado de libertad. Dávila caracterizó estas acciones como parte de un contexto sistemático de violaciones a los Derechos Humanos, acudiendo al Palacio de Justicia para exigir indemnización por los daños sufridos. Otros opositores han padecido similar suerte: la destrucción de sus casas durante allanamientos y el robo de sus pertenencias sin justificación legal.
Los ejemplos de despojos a nivel estatal revelan la magnitud de la corrupción administrativa. En julio de 2023, el entonces jefe de la DGCIM celebró su boda en una propiedad de playa que pertenecía a la esposa del exministro Andrés Izarra, quien fue despojado de sus bienes al caer en desgracia con la administración Maduro. Izarra denunció públicamente en 2023 que el gobierno madurista le arrebató propiedades heredadas, incluyendo una casa en Caraballeda que ahora es ocupada por una mujer vinculada a un comandante del DGCIM, quien ostensiblemente publica fotos desde la vivienda en redes sociales.
Esta sistemática política de confiscación de bienes a opositores políticos representa una doble victimización que combina represión política con enriquecimiento ilícito de funcionarios del régimen. Los casos documentados muestran un patrón donde agentes del Estado, especialmente de organismos de seguridad como la DGCIM y la policía, se apropian de propiedades y bienes de personas encarceladas o perseguidas políticamente, utilizando su poder coercitivo para implementar un despojo sin precedentes.
Fuente: Infobae VE — Ver nota original
