Un tribunal venezolano condenó el martes 26 de mayo a siete de los ocho acusados de planear el secuestro del ministro Diosdado Cabello a penas que oscilan entre ocho y 26 años de prisión, tras un prolongado juicio que se extendió por más de seis años. Los condenados fueron identificados como Luis Eduardo Villarroel, Carlos Pérez Farías, César Belfort Rojas, Daniel Aguilera Gutiérrez, Víctor Farías Quijada, Francisco Marcano Benavides y Enrique Naurix Parada. Según la acusación, el grupo planeaba secuestrar al dirigente chavista para entregarlo a Estados Unidos a cambio de la recompensa ofrecida por el Departamento de Justicia estadounidense. Únicamente uno de los ocho acusados, quien fungía como comisionado de la clase obrera y realizó la denuncia inicial, fue absuelto de los cargos, generando controversia sobre la equidad del proceso.
El grupo fue detenido de manera que las familias califican como arbitraria entre marzo y abril de 2020 en las ciudades de Maturín y El Furrial, ambas en el estado Monagas, lugar de origen de Diosdado Cabello. Los acusados fueron recluidos en el Centro de Formación del Hombre Nuevo Nelson Mandela, un anexo de la cárcel de La Pica, donde permanecieron durante todo el proceso judicial. Además de los cargos por intento de secuestro, fueron juzgados por supuesto tráfico de armas y municiones. La detención del único absuelto causó indignación en los familiares de los condenados, quienes cuestionan cómo una persona vinculada a la misma causa fue liberada mientras los demás permanecen encarcelados.
Una de las tragedias asociadas al caso es la muerte de Gabriel Medina Díaz, quien falleció el 29 de agosto de 2021 dentro del recinto penitenciario por complicaciones de salud derivadas de tuberculosis contraída en la cárcel. Su muerte ha sido señalada por familiares como un ejemplo de las condiciones inhumanas en que fueron mantenidos los detenidos. Las madres y familiares de los condenados han expresado su profunda inconformidad con las sentencias, argumentando que sus hijos son inocentes y que el proceso judicial estuvo viciado desde el inicio.
Los familiares de los condenados han elevado sus voces de protesta, con Irianny Lezama, pariente de uno de los sentenciados, cuestionando la contradición de absolver a quien realizó la denuncia mientras se condena al resto del grupo. La familia ha hecho un llamado directo a la vicepresidenta Delcy Rodríguez para que reconsidere los fallos, amenazando con declararse en huelga de hambre si no se atienden sus demandas. Gisela Farías, madre de otro de los acusados, también ha exhortado a las autoridades a reconsiderar las sentencias, pidiendo directamente a la Presidencia que intervenga en lo que califican como un caso de profunda injusticia contra jóvenes supuestamente inocentes.
Fuente: Tal Cual — Ver nota original
