Los extrabajadores de Petróleos de Venezuela protagonizaron el segundo día consecutivo de protestas frente a la sede de la empresa en La Campiña, Caracas, para exigir su reenganche a los puestos de trabajo que les fueron arrebatados. Durante las manifestaciones, los trabajadores fueron víctimas de agresiones físicas por parte de grupos que les rompieron pancartas y los intimidaron, según se documenta en videos compartidos en redes sociales. Esta situación refleja el deterioro de las condiciones laborales y el desprecio por las decisiones de instituciones públicas como la Inspectoría del Trabajo, que ya ha ordenado la reincorporación de estos empleados.
Desde el inicio de las protestas el lunes pasado, los exempleados se han concentrado diariamente frente a la empresa petrolera para reclamar sus derechos laborales y exigir el cumplimiento de las órdenes de reenganche emitidas por las autoridades competentes. Sin embargo, lejos de encontrar respuesta a sus demandas legítimas, los trabajadores han sido amenazados constantemente con detenciones arbitrarias y encarcelamiento en el penal de La Yaguara, lo que ha generado un clima de terror e inseguridad entre los manifestantes.
Los líderes sindicales, como Iván Freites, secretario general del Sutpgef y miembro de la Junta organizadora de Fetraenergía, han documentado y denunciado públicamente estas amenazas e intimidaciones. El sindicalista alertó sobre cómo el aparato estatal aparentemente respalda a grupos de civiles armados, identificados por los trabajadores como colectivos, que actúan con total impunidad para impedir que los exempleados ejerzan su derecho a la protesta pacífica.
La situación de los extrabajadores de Pdvsa ilustra la crisis estructural que enfrenta el país en materia de derechos laborales, seguridad ciudadana y respeto por las decisiones judiciales. Mientras la empresa estatal mantiene en sus nóminas a trabajadores que no cumplen funciones y cobra salarios, miles de exempleados calificados y necesitados permanecen en la calle, enfrentando represión y amenazas por reclamar lo que legalmente les corresponde.
Fuente: Tal Cual — Ver nota original
