Decenas de reclusos del Internado Judicial de Barinas (Injuba), ubicado en los llanos occidentales de Venezuela, protagonizaron este domingo una protesta al subirse al techo del penal, quemar colchonetas y exigir la destitución del director recién designado, Elvis Macuare Guerrero. Los internos lo acusan de someterlos a requisas violentas, aislamiento forzado y torturas sistemáticas. La denuncia fue difundida por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), organización no gubernamental con estatus consultivo ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Según reportes, la manifestación pacífica fue reprimida por personal de custodia acompañado por el nuevo director, quien presuntamente ordenó disparar contra la población reclusa, dejando heridos sin cifras precisas.
La crisis en el Injuba no comenzó el domingo. El 14 y 15 de mayo, familiares concentrados frente al penal denunciaron la negación de ingreso de alimentos y tratos irregulares en el interior. El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario realizó una requisa calificada de ordinaria y anunció un cambio de dirección. El 16 de mayo la situación se agravó cuando hombres encapuchados ejecutaron una golpiza dentro del recinto. Aproximadamente 40 reclusos fueron trasladados sin que las autoridades informaran a sus familiares sobre su paradero, profundizando la angustia de quienes aguardaban noticias fuera del establecimiento.
La gota que rebosó el vaso fue el caso del preso político Tito Livio Volcanes Dávila. Este productor agropecuario fue trasladado de emergencia el 19 de mayo a la Clínica Barinas en estado crítico. El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela denunció que el director del penal intentó obstaculizar su atención médica. Volcanes fue excarcelado el 20 de mayo como parte del anuncio de la Asamblea Nacional chavista de liberar a 300 presos políticos. Fue precisamente en ese momento cuando se confirmó la destitución del anterior director Robert Cabeza y el nombramiento de Macuare Guerrero, la misma figura que hoy los reclusos responsabilizan de los abusos documentados.
La opacidad administrativa ha caracterizado la gestión del nuevo director. El 21 de mayo, el OVP informó que familiares esperaban desde las 5:00 de la madrugada bajo la lluvia frente al Injuba sin recibir información sobre visitas programadas. El régimen venezolano no emitió comunicado oficial ante la protesta de este domingo. El caso del Injuba refleja un patrón documentado de vulneraciones de derechos humanos en el sistema penitenciario venezolano, donde la falta de transparencia institucional y los abusos de autoridad permanecen sin castigo.
Fuente: Infobae America — Ver nota original
