El Gobierno de Estados Unidos intensificó su presión sobre el régimen cubano al anunciar una acusación formal contra el exlíder Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996, un incidente que resultó en cuatro muertes y representó uno de los momentos más tensos entre Washington y La Habana durante las décadas posteriores a la Guerra Fría. El fiscal general interino Todd Blanche confirmó que Castro enfrenta cargos por conspiración para matar ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y asesinato, marcando la primera ocasión en casi setenta años en que altos dirigentes del régimen cubano son procesados en Estados Unidos por hechos que causaron muertes de ciudadanos norteamericanos.
La imputación trasciende su dimensión judicial y se interpreta como un nuevo escalón en la estrategia política de la administración Donald Trump dirigida contra La Habana. El anuncio fue realizado precisamente el día en que se conmemora la fundación de la República de Cuba en la Torre de la Libertad, ubicada en Miami y de gran significado para la comunidad del exilio cubano. Analistas observan que Washington podría estar replicando en la isla un esquema similar al aplicado recientemente en Venezuela, que incluye incremento de sanciones económicas, aislamiento en el escenario internacional y judicialización de la cúpula gubernamental como mecanismo para acelerar un eventual cambio de régimen.
La acusación se produce en el contexto de un endurecimiento sistemático de las medidas estadounidenses contra Cuba. Desde su retorno a la Casa Blanca, Trump ha ampliado significativamente las sanciones contra el liderazgo cubano, reforzado el bloqueo petrolero histórico y aumentado la presión sobre Gaesa, el conglomerado militar que controla importantes sectores de la economía cubana. Esta estrategia se ejecuta mientras la isla atraviesa una de sus peores crisis económicas y energéticas de las últimas décadas, agravando la situación de su población.
La estrategia estadounidense recuerda el camino que precedió a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro el tres de enero pasado, evento que derivó en un tutelaje de facto encabezado por Delcy Rodríguez. Con esta imputación contra Castro, Washington parecería estar trasladando parcialmente esa estrategia probada en Venezuela hacia la isla caribeña, sugiriendo un enfoque coordinado para presionar cambios políticos en gobiernos que considera hostiles a sus intereses regionales.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
