La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero abre una nueva dimensión en la investigación estadounidense que lleva años rastreando el desvío de recursos venezolanos, incluyendo el robo de petróleo, oro, divisas y fondos del programa de alimentos CLAP. Este último programa, presentado por el chavismo como mecanismo de alimentación para los sectores más vulnerables, es considerado por Estados Unidos como uno de los principales instrumentos de saqueo durante la era de Nicolás Maduro. La trama investigada trasciende fronteras y conecta a diversos implicados en operaciones de blanqueo de capitales a nivel internacional.
La cooperación estadounidense en este caso va más allá de lo judicial tradicional. Según consta en el auto de imputación de Zapatero, la agencia federal Investigaciones de Seguridad Nacional, especializada en delitos transnacionales, ha puesto a disposición de la Policía Nacional española información esencial sobre comunicaciones telefónicas y transferencias bancarias de los investigados. Específicamente, se menciona la extracción de datos de un dispositivo móvil del investigado Rodolfo Reyes Rojas, realizada bajo la supervisión de la brigada de blanqueo de capitales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal.
Esta colaboración representa un nivel operativo sin precedentes en la investigación, involucrando directamente a una agencia federal dependiente de la Administración Trump. No se trata únicamente de cooperación entre sistemas judiciales o policiales tradicionales, sino de participación activa de un organismo federal estadounidense en la recopilación de pruebas y seguimiento de la trama investigada. Las fuentes estadounidenses consultadas confirman que esta colaboración continuará manteniéndose y permanece abierta para futuras fases de la investigación.
La incorporación de Zapatero a esta investigación marca un punto de inflexión crucial, ya que implica que la trama de corrupción venezolana ha dejado rastros documentales significativos en España. La cooperación bilateral demuestra el alcance global de los esquemas de saqueo de recursos venezuelanos, así como la determinación conjunta de ambos países por perseguir a los implicados. Este caso ilustra cómo los delitos transnacionales de gran envergadura requieren coordinación internacional y cómo la administración estadounidense mantiene un enfoque firme sobre los desvíos de fondos públicos originados en Venezuela.
Fuente: ABC Espana — Ver nota original
