Durante el gobierno de Nicolás Maduro, entre 2013 y 2025, aproximadamente 10.853 personas fueron asesinadas por agentes del Estado, según el informe anual presentado por el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) el 14 de mayo. La organización defensora de derechos humanos denuncia que "el Estado ha normalizado el uso desmedido de la fuerza letal, menospreciando el valor de la vida". En el año 2025 específicamente, se contabilizaron 336 asesinatos perpetrados por policías y militares en distintas circunstancias. Las víctimas eran mayormente jóvenes: más del 54% tenían entre 18 y 30 años, mientras que un 4% eran menores de edad.
Provea señala que los operativos policiales letales no se distribuyeron de manera uniforme en las ciudades, sino que se concentraron deliberadamente en barrios populares y zonas vulnerables. La organización subraya una paradoja preocupante: "Allí donde el Estado brilla por su ausencia en términos de políticas sociales, educación, salud o infraestructura, se hace presente con todo su poder represivo". Este patrón de represión selectiva evidencia cómo el aparato estatal utiliza la violencia como herramienta de control en las comunidades más desfavorecidas del país.
El informe también documenta un aumento alarmante en casos de desapariciones forzadas. Provea registró 95 casos con 160 víctimas de desapariciones forzadas durante 2025, lo que representa un incremento del 196% respecto a 2024 y del 841% comparado con el promedio de los últimos 25 años. El tema ha cobrado relevancia pública tras la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas, detenido en enero de 2025 pero cuya muerte solo fue anunciada oficialmente el 7 de mayo. El caso ejemplifica cómo el gobierno mantiene a detenidos desaparecidos sin informar a sus familias ni a las autoridades competentes.
En cuanto a detenciones por razones políticas, 2025 registró 513 casos, siendo el segundo año con más capturas de este tipo, solo superado por las 2.229 detenciones políticas de 2024, año marcado por las masivas protestas que siguieron a las elecciones presidenciales del 28 de julio. Adicionalmente, Provea advierte sobre la crisis educativa y sanitaria: 30% de los estudiantes no asiste a clases diariamente, mientras que en el sistema de salud se registraron 94.056 denuncias por fallas en el servicio público, profundizando las desigualdades que afectan principalmente a la población más vulnerable del país.
Fuente: Infobae VE — Ver nota original
