Human Rights Watch (HRW) ha denunciado que la aplicación de la ley de amnistía en Venezuela presenta "graves deficiencias" que impiden la liberación de personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos. Juanita Goebertus, directora para las Américas de la organización, afirmó que la nueva normativa está "muy lejos de garantizar la liberación de quienes fueron detenidos arbitrariamente". La implementación "injusta y opaca" de la ley, promulgada en febrero, ha "socavado aún más la liberación de los presos políticos".
Aunque la ley afirma cubrir actos cometidos desde 1999, restringe significativamente la elegibilidad de los solicitantes al limitarla a quienes hayan sido acusados de delitos cometidos "en el contexto" de hechos específicos ocurridos en ciertos años. La organización advierte que contiene disposiciones ambiguas que permiten a los jueces denegar la amnistía a personas procesadas por actos protegidos por el derecho internacional. HRW identificó que varios solicitantes no han recibido información precisa sobre los cargos que enfrentan ni sobre las pruebas en su contra, lo que dificulta argumentar que cumplen con criterios ya restrictivos.
La ONG también documentó deficiencias procedimentales graves en la implementación judicial de la ley. En varios casos, los jueces no han fundamentado adecuadamente sus decisiones para denegar la amnistía y han limitado el acceso a expedientes y a la defensa de abogados particulares. Familias de presos políticos reportaron en marzo la exigencia de pagos en dólares en algunos tribunales para obtener la notificación de libertad plena, representando un obstáculo adicional para los sectores más vulnerables de la población.
La normativa cubre un período de 27 años desde 1999, pero solo contempla a personas vinculadas con 13 "hechos" ocurridos en años específicos, excluyendo otros períodos y casos relacionados con operaciones militares, corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos. HRW enfatizó que las autoridades deben implementar la ley de manera transparente y completa, explorando vías legales adicionales para cerrar los casos penales contra todas las personas sometidas a procesos arbitrarios. La organización solicitó a las autoridades venezolanas garantizar la "liberación incondicional" de quienes han sido procesados sin debido proceso.
Fuente: Infobae — Ver nota original
