El presidente Gustavo Petro confirmó este martes que ordenó un bombardeo contra una estructura del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región del Catatumbo, Norte de Santander. La operación militar fue coordinada previamente con el gobierno venezolano en el marco de los acuerdos de seguridad fronteriza entre ambos países. El operativo estuvo dirigido contra una comisión del Frente Luis Enrique León Guerra, identificada como parte del anillo de seguridad del Comando Central de la guerrilla, dejando al menos siete presuntos integrantes del grupo armado muertos.
La ofensiva contó con la participación de unidades del Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con apoyo de la Fiscalía y el CTI en las operaciones. Petro defendió públicamente la acción militar a través de redes sociales, enfatizando que las organizaciones armadas vinculadas a economías ilícitas y que rechacen abandonarlas no forman parte de ningún proceso de paz con el Estado colombiano. El mandatario fue claro al señalar que esta orden se enmarca dentro de la voluntad acordada con Venezuela en materia de seguridad fronteriza.
El presidente colombiano rechazó responsabilidades sobre el deterioro de las negociaciones con el ELN, responsabilizando directamente a la guerrilla por la escalada de violencia en la región del Catatumbo. Petro argumentó que el ELN destruyó la confianza de la nación en su voluntad de paz al desatar la muerte sistemática de centenares de campesinos desarmados. En su intervención, negó versiones que atribuyen incumplimientos a su administración en los procesos de diálogo con el grupo insurgente.
Durante el operativo se reportaron intentos de ataques con drones por parte de integrantes del ELN mientras se desarrollaban las operaciones militares en la zona. El presidente colombiano aprovechó para responder a declaraciones sobre la violencia en la región, enfatizando que ningún hecho previo justifica crímenes contra la población civil ni violaciones contra la humanidad. La acción militar refleja el endurecimiento de la postura del gobierno frente a grupos armados que rechacen abandonar sus actividades ilícitas.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
