Un tribunal condenó el 5 de mayo de 2026 a treinta años de prisión a María Laura Rondón y los hermanos Richard y Luis Alejandro Domador por cargos de terrorismo en un caso iniciado en 2022. Sin embargo, la sentencia ha reabierto intensas controversias sobre la legalidad del proceso, con denuncias de desapariciones forzadas, torturas e irregularidades procesales que cuestionan las garantías básicas del debido proceso.
Según el testimonio de Nurys Villamizar, madre de Luis y Richard Domador, sus hijos estuvieron desaparecidos durante ocho días tras su detención por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Durante ese período, aseguró que fueron trasladados al río Torbes, obligados a arrodillarse, amenazados de muerte, golpeados, asfixiados con bolsas y colgados durante varios días. Posteriormente fueron trasladados a centros penitenciarios en Rodeo II y Yare, donde permanecen recluidos. La familia denuncia que el estigma de ser presentados como terroristas antes de cualquier condena firme comprometió tanto la percepción pública como las garantías procesales.
El grupo de derechos humanos Surgentes documentó 67 casos similares solo en los dos primeros meses de 2026, sugiriendo un patrón alarmante de detenciones envueltas en miedo, familias sin recursos para litigar y denuncias que emergen tardíamente por temor a represalias. El sociólogo Antonio González Plesmann, integrante de la organización, identificó patrones recurrentes en estos casos de falsos positivos: torturas sistemáticas, desapariciones temporales y fabricación de evidencia.
ONG y familiares de los condenados exigen la revisión integral del caso y la liberación de los prisioneros. González Plesmann solicitó que las personas afectadas no sean excluidas de eventuales medidas de amnistía y que se establezca un proceso de reparación para las familias perjudicadas por la actuación estatal, reconociendo los patrones estructurales de violación de derechos humanos documentados.
Fuente: Infobae — Ver nota original
