Las autoridades venezolanas exhumaron el viernes el cuerpo del preso político Víctor Hugo Quero Navas, nueve meses después de su muerte bajo custodia del Estado. El Gobierno reconoció oficialmente el fallecimiento el jueves pasado, momento en el cual la Fiscalía ordenó una investigación para identificar a los responsables del prolongado silencio estatal sobre lo sucedido. El procedimiento de exhumación se realizó en un cementerio del sureste de Caracas con la presencia de patrullas del Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas (CICPC), acompañado por la madre de la víctima, Carmen Navas, quien había denunciado reiteradamente la desaparición de su hijo.
Quero Navas fue detenido el 1 de enero de 2025, aparentemente por su servicio militar en 2023, según información de la ONG Foro Penal. Fue recluido inicialmente en la cárcel El Rodeo I, cercana a Caracas desde el 3 de enero, y posteriormente trasladado a un hospital el 15 de julio del mismo año tras presentar hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo. Durante estos meses, su madre denunció en múltiples ocasiones la detención y desaparición forzada, sin obtener respuesta oficial sobre su paradero o situación.
Organizaciones de derechos humanos expresaron serias preocupaciones sobre la independencia del proceso investigativo. La coordinadora de Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Martha Tinedo, señaló que la investigación debería haber estado integrada por investigadores independientes, preferiblemente internacionales. El Observatorio Venezolano de Prisiones condenó que una mujer de más de 80 años se viera obligada a identificar los restos de su hijo en circunstancias que evidencian la crueldad de un sistema capaz de desaparecer personas y silenciar la verdad sobre sus muertes.
Los restos de Quero Navas fueron trasladados posteriormente en una carroza fúnebre, escoltada por funcionarios del CICPC y de la Defensoría del Pueblo, hacia otro cementerio en el sureste capitalino al que la prensa no tuvo acceso. El caso se suma a la lista de denuncias sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela, reflejando la preocupación internacional sobre la situación de los detenidos bajo custodia estatal.
Fuente: Infobae — Ver nota original
