La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció la existencia de una disparidad significativa en las cifras sobre la liberación de presos políticos en Venezuela tras la promulgación de una ley de amnistía. El gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez sostiene que más de 8.000 personas han sido beneficiadas, mientras que según reportes de la sociedad civil, solamente 186 personas gozan de libertad plena y 554 permanecen bajo medidas cautelares. Esta discrepancia pone en evidencia la falta de transparencia en la aplicación de la medida, según detalló el presidente de la CIDH, Edgar Stuardo Ralón Orellana, en un informe dirigido al Consejo Permanente de la OEA.
La CIDH criticó duramente las condiciones en las que han sido liberados los excarcelados, calificándolas como "libertad vigilada" en lugar de verdadera libertad. Ralón Orellana señaló que muchos de los liberados enfrentan prohibiciones de salida del país, presentación periódica ante autoridades, prohibición de manifestarse y restricciones para hablar con la prensa. Estas medidas restrictivas demuestran que la amnistía no ha significado una liberación genuina para los beneficiados, sino una forma de control estatal continuo que limita sus derechos fundamentales.
La organización internacional también cuestionó la validez legal de la amnistía debido a varias disposiciones problemáticas incluidas en el instrumento legal. La CIDH criticó específicamente la "cláusula residual del artículo 9" que excluye acciones vinculadas a actores extranjeros, introduciendo un tipo de delito abierto que podría ser aplicable contra opositores políticos. Además, advirtió que la eliminación de antecedentes sin salvaguardas archivísticas compromete la evidencia para futuros procesos de rendición de cuentas y justicia transicional.
Otro aspecto preocupante señalado por la CIDH es que los tribunales y la fiscalía encargados de aplicar la amnistía son las mismas instituciones que han sostenido las detenciones arbitrarias durante años. La organización argumenta que no es posible esperar que "el instrumento de la represión" se convierta en "un instrumento de reparación". Por este motivo, la CIDH reclama una lista oficial completa de presos liberados y mayor transparencia en el proceso, mientras que el organismo continúa monitoreando la situación venezolana aunque no ha logrado ingresar al país desde 2017.
Fuente: Infobae — Ver nota original
