A pocos meses del cambio de gobierno en Colombia, la «paz total» del presidente Gustavo Petro —eje central de su programa— quedará como uno de los principales desafíos heredados para el próximo mandatario. Los tres candidatos con mayores opciones de llegar a la Casa de Nariño plantean respuestas muy distintas frente a un conflicto que se ha vuelto más complejo y violento. Para Venezuela, que atraviesa una transición incierta, cada una de estas propuestas podría representar riesgos distintos: mayor margen para grupos armados, desplazamiento de la violencia hacia su territorio o fragmentación aún mayor del conflicto.
Tres años después de la promulgación de la Ley de Paz Total, los datos revelan un escenario preocupante muy alejado de la «paz estable y duradera» prometida. Según análisis de la Fundación Ideas para la Paz (FiP), los grupos armados ilegales en Colombia crecieron aproximadamente un 23 por ciento en el último año, pasando de 22.000 integrantes en 2024 a cerca de 27.000 a finales de 2025. Lejos de debilitarse, estas organizaciones se han fortalecido, volviéndose más grandes, más tecnificadas y con una mayor expansión territorial que representa un reto creciente para la seguridad nacional.
La capacidad militar de estos grupos también ha aumentado significativamente, transformando la naturaleza misma del conflicto armado colombiano. Los grupos ilegales han potenciado sus capacidades tecnológicas mediante el uso de drones y sistemas de vigilancia especializados, herramientas que antes no estaban disponibles en sus arsenales. Solo en 2025 se registraron 277 ataques con drones explosivos contra la fuerza pública, más del doble de los 119 contabilizados en 2024, demostrando una escalada preocupante en la sofisticación de las operaciones.
En el territorio, la política de paz total tampoco logró contener la expansión de estos grupos criminales hacia nuevas regiones. Según el informe «La paz ¿cómo vamos?» de la Fundación Paz y Reconciliación, el ELN expandió su presencia en alrededor de un 23 por ciento entre 2022 y 2025, pasando de 183 a 231 municipios bajo su influencia. Las disidencias de las FARC también han extendido su alcance territorial, consolidando su control en zonas estratégicas fronterizas especialmente próximas a Venezuela. Este avance territorial de grupos criminales transnacionales intensifica los riesgos de spillover de la violencia hacia países vecinos.
Fuente: DW — Ver nota original
