El Parlamento Europeo rompió su silencio sobre la situación en Venezuela al aprobar una resolución el 30 de abril de 2026 con una mayoría aplastante de 507 votos a favor, 31 en contra y 35 abstenciones. La votación se produjo tras un debate celebrado el 29 de abril en el que Hadja Lahbib, comisaria europea de Ayuda Humanitaria e Igualdad, reconoció la Ley de Amnistía aprobada por las autoridades venezolanas como "un paso necesario" hacia la restauración de libertades civiles. Aunque la comisaria admitió que se trata de un instrumento "imperfecto, de alcance limitado y que excluye causas políticas clave", la posición europea fue clara: acompañar a Venezuela en su transición democrática.
La Ley de Amnistía para la Reconciliación y la Paz venezolana presenta múltiples deficiencias según organizaciones de derechos humanos locales. Según Óscar Murillo, director de Provea, el gobierno la ha enfocado "más como una concesión de perdón, en lugar de entenderla como un proceso histórico y político de reconciliación". Además, existe un problema temporal significativo: aunque se habló inicialmente de un proceso que abarcaría desde 1999 hasta 2026, entre 12 y 13 años quedan excluidos, generando "un exceso injustificado de exclusiones" que afecta directamente a miles de víctimas.
Otra grave falencia radica en la conformación de la Comisión de Verificación, que debería garantizar la objetividad del proceso. En lugar de estar integrada por sociedad civil, Cruz Roja, la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos o la Iglesia, quedó configurada por los mismos diputados que aprobaron la ley. "Esto, como decimos en Venezuela, es como despacharse y darse el vuelto", señala Murillo, evidenciando un conflicto de intereses fundamental en el mecanismo de control. Esta composición pone en duda la transparencia y legitimidad del proceso de revisión de solicitudes.
A pesar de que las autoridades aseguran haber respondido a más de 8.000 solicitudes de amnistía, organizaciones como Provea no pueden confirmar estas cifras de manera independiente. Decenas de personas presas políticas que cumplen con los requisitos legales han visto rechazadas sus solicitudes sin justificación aparente, y más de 473 presos políticos permanecen aún detenidos. La aprobación europea de la resolución representa un reconocimiento del avance, pero no cierra la brecha entre la teoría de la ley y su aplicación práctica en el terreno.
Fuente: DW — Ver nota original
