La pregunta sobre quién determina el lado correcto de la historia es tan antigua como la política misma. ¿Son los presidentes, los dictadores o los organismos internacionales quienes establecen esta línea divisoria? Lo cierto es que esta definición cambia constantemente según intereses geopolíticos y conveniencias del momento. Lo que fue considerado correcto hace una década puede ser condenado hoy, y viceversa, revelando que el concepto de rectitud política es profundamente relativo y está sujeto a reinterpretaciones permanentes.
El gobierno español ha demostrado una contradicción flagrante en sus posiciones ideológicas respecto a los regímenes autoritarios latinoamericanos. Mientras recibe con honores a representantes del chavismo en Barcelona, ignora las voces de opositores democráticos que claman libertad en las calles de Madrid. Esta dualidad de criterios expone cómo la utilidad política prevalece sobre los principios democráticos proclamados. Cuando conviene, los líderes políticos redefinen quién está en el lado correcto, sacrificando coherencia por conveniencia estratégica. El objetivo no es defender la democracia universal, sino posicionarse geopolíticamente contra determinados actores internacionales.
La cumbre de Barcelona ejemplifica esta estrategia de posicionamiento. La presencia de delegados chavistas fue presentada como estar en el lado correcto de la historia, mientras se marginaba a quienes protestaban contra la dictadura venezolana. Este ejercicio de blanqueamiento político recuerda tácticas previas de legitimación de actores cuestionables. Los voceros del oficialismo atacan a quienes critican a Delcy Rodríguez con acusaciones de racismo, desviando el debate desde cuestiones de derechos humanos hacia cuestiones identitarias. Es un mecanismo de control narrativo que busca silenciar la disidencia mediante la descalificación moral.
Pedro Sánchez construye su posición política sobre la base de lo útil, no de lo correcto. Sus decisiones responden a cálculos de poder que justifican indultos controvertidos, investigaciones académicas cuestionables y presuntos espionajes políticos. Para quien busca consolidar poder, la moralidad es un obstáculo prescindible. El verdadero objetivo es colocar al otro lado del tablero a quienes se atrevan a señalar inconsistencias y falsedades. Esta estrategia revela que el lado correcto, en la práctica política actual, no es aquel que defiende principios democráticos universales, sino aquel que mejor sirve a los intereses inmediatos del poder establecido.
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