El ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, generó indignación al pronunciarse de manera irónica sobre la situación de los presos políticos que permanecen detenidos en el país. Sus declaraciones contrastan con los reportes del Foro Penal, que documentan 454 personas encarceladas por razones políticas, incluyendo una menor de 16 años y 186 militares. La postura de Rodríguez busca justificar la amnistía parcial otorgada por el régimen, minimizando la gravedad de las detenciones.
Durante sus declaraciones, Rodríguez utilizó argumentos equívocos para caracterizar a los detenidos como delincuentes comunes. Afirmó que "si hay un empleado de una alcaldía que es un corrupto, piensa distinto a la gente decente", equiparando así la disidencia política con actos de corrupción. El funcionario llegó incluso a ofrecer revisar públicamente los casos de quienes no fueron incluidos en la amnistía, diciendo "si quieren mostramos las listas, uno por uno, nombre por nombre". Estas declaraciones revelan la estrategia del régimen de criminalizar la oposición política.
El periodista y defensor de derechos humanos Luis Carlos Díaz cuestionó duramente estas afirmaciones durante una entrevista exclusiva. Señaló que "en Venezuela se ha criminalizado no solamente la disidencia política, sino también a cualquier persona percibida como disidente", incluyendo periodistas, defensores de derechos humanos, niños y personas de tercera edad. Enfatizó que ninguno de los supuestos delitos ha sido demostrado en un tribunal independiente con derecho a la defensa garantizado. La persecución política ha trascendido a las figuras públicas, alcanzando también a familias de opositores.
Díaz también denunció la falta de independencia del poder judicial venezolano como mecanismo de represión. Explicó que "no existe un solo juez de carrera en Venezuela que haya ganado un concurso de oposición para ganarse su puesto", ya que los magistrados son designados directamente por el partido en el poder. Esta estructura vicia de nulidad cualquier proceso legal, impidiendo que los acusados reciban un juicio justo. La criminalización de la disidencia bajo un sistema judicial corrompido evidencia las violaciones sistemáticas de derechos humanos en el país.
Fuente: NTN24 — Ver nota original
