Activistas venezolanos de derechos humanos advierten sobre un proyecto de ley que busca incrementar el número de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), una maniobra que interpretan como un intento estratégico de Delcy Rodríguez para consolidar su poder tras la caída de Nicolás Maduro. El plan contempla nombramientos controlados por la Asamblea Nacional, presidida por Jorge Rodríguez, hermano de la nueva cabeza del régimen. Esta estructura de poder concentrado genera preocupaciones entre observadores internacionales sobre la independencia del poder judicial venezolano.
El proyecto de ley presenta la ampliación como una medida para "robustecer la seguridad jurídica, asegurar la celeridad en la resolución de causas y consolidar un sistema que proteja con mayor eficacia los derechos y garantías de todos los ciudadanos". Sin embargo, críticos señalan que bajo esta justificación se esconde un mecanismo de control político, ya que el texto establece explícitamente que "la designación de los nuevos integrantes y sus respectivos suplentes será competencia soberana de la Asamblea Nacional". Dicho organismo, cuya legitimidad está ampliamente cuestionada, permanece bajo el control del mismo régimen que busca fortalecer su estructura de poder.
Caryslia Rodríguez fue ratificada como presidenta del TSJ el 4 de mayo, cargo que ocupa desde enero de 2024. Como militante del Partido Socialista Unido de Venezuela y sancionada por Estados Unidos y Canadá, Rodríguez avaló los resultados electorales del 28 de julio de 2024, considerados fraudulentos por la comunidad internacional. Para el exmagistrado Juan Carlos Apitz, esta ratificación representa "una simulación de cambio" donde "la justicia sigue siendo la misma, una justicia defectuosa".
Analistas consultados consideran que la administración Trump vigila de cerca estos movimientos, reconociendo que "no es viable el desarrollo de las inversiones extranjeras en Venezuela si no hay una garantía de un poder judicial independiente". Manuel Aguilera advirtió que Delcy Rodríguez "es una criminal con una trayectoria larga en una dictadura y sabe que tiene unas posibilidades de permanencia". El régimen aparentemente busca un delicado equilibrio entre satisfacer demandas estadounidenses de apertura económica y mantener el control político mediante la arquitectura institucional del sistema judicial.
Fuente: NTN24 — Ver nota original
