36 años de cárcel por un robo de US$50 - EntornoInteligente
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Por Carla Crowder

Alvin Kennard, un hombre de 58 años que pasó la mayor parte de su vida en la cárcel por un robo de US$50 con un cuchillo en una panadería, quedó en libertad el viernes pasado. Sintió el cálido abrazo de su familia, asistió a la iglesia y comió una comida casera por primera vez en 36 años.

El estado de Alabama tenía toda la intención de que Kennard muriera en prisión por este crimen. Fue una de las más de 250 personas en el estado sirviendo la vida sin la posibilidad de libertad condicional por robo, de acuerdo con un documento provisto en un proceso legal este año por el Departamento de Correcciones de Alabama. Muchos de ellos han estado tras las rejas desde la década de 1980.

Este año, David Carpenter, un juez del condado de Jefferson, examinó un argumento improbable que Kennard había presentado, con la ayuda de un abogado de la cárcel. El juez Carpenter me nombró para representar a Kennard y buscar opciones para resentenciarlo. Mi primera parada fue en el Centro Correccional Donaldson, la prisión de máxima seguridad en Bessemer, donde mi cliente estaba encarcelado. Donaldson era un territorio familiar para mí, ya que había pasado casi una década representando a personas encarceladas en Alabama y cinco años antes como periodista escribiendo sobre el sistema penitenciario.

Kennard estuvo callado esa primera visita y apenas esbozó una sonrisa. Me dijo que tanto sus padres como su hermano gemelo murieron mientras estaba encerrado. Durante varios años estuvo viviendo en lo que se conoce como el dormitorio de la fe, reservado para prisioneros que aceptan seguir reglas estrictas y participar en actividades religiosas. Empecé a investigar su caso y sus opciones, luego volví a la cárcel. En esa visita, Kennard me dijo que el día anterior, cientos de oficiales habían asaltado la prisión para buscar contrabando. Se confiscaron más de 500 armas improvisadas, drogas y celulares. Kennard y sus compañeros residentes de Faith Dorm se vieron obligados a acostarse boca abajo con los brazos sobre la cabeza mientras los oficiales barrían la prisión.

Hallazgos como estos refuerzan la reputación de Alabama de tener las peores cárceles del país. Hay tantos homicidios, suicidios y muertes por sobredosis que el estado había perdido la cuenta de cuántas personas murieron en sus cárceles y ni siquiera podía proporcionar al Departamento de Justicia cifras precisas.

Estas terribles condiciones fueron el telón de fondo de mi conversación con Kennard. El sabía que si era reenviado a la vida con libertad condicional, una mejor sentencia, sería transferido a una prisión de menor seguridad, lo que significaba alojarse en un dormitorio abierto en lugar de celdas. Esas pueden ser las unidades de vivienda más caóticas, donde los apuñalamientos y los homicidios han sido comunes. Tal vez podría pedirle al juez que ordene que se le permita quedarse en el dormitorio de la fe de Donaldson, dijo mi cliente tímidamente. Es absurdo y trágico que la promesa de una mejor sentencia significara que un hombre de 58 años que no recibió una infracción disciplinaria en la prisión en 15 años estaba calculando cómo mantenerse a salvo ahora que la posibilidad de libertad estaba ante él.

Esta crisis es alimentada en parte por la Ley de Delincuentes de Delitos Habituales del estado, que permite la cadena perpetua por numerosos delitos que no sean homicidio, incluido el robo si un acusado ha tenido tres condenas, incluso por delitos relativamente menores. Los reincidentes son el objetivo. Sin embargo, se vuelve cada vez más claro que el mayor delincuente reincidente es el propio estado.

En 1975, un juez federal, Frank M. Johnson, encontró “enfermedades inconstitucionales masivas que plagan las cárceles de Alabama”. Desde entonces, ha habido demandas colectivas que terminaron en una intervención federal en la prisión de mujeres del estado, la prisión de Tutwiler, donde las reclusas estaban siendo agredidas sexualmente por miembros del personal y en el Centro Correccional de Limestone, donde los prisioneros con VIH morían a un ritmo excesivo.

En 2017, el estado celebró otro acuerdo de conciliación federal por condiciones violentas en el Centro Correccional de St. Clair, luego de una demanda de la Iniciativa de Justicia Equitativa. Más reciente otro juez federal, Myron Thompson, ordenó mejoras en la atención de salud mental “horriblemente inadecuada” del sistema penitenciario. Mientras tanto, Alabama ha desembolsado millones de dólares en honorarios legales a abogados privados para defenderse en estos casos. A diferencia del gobierno que los encarcela, los cientos de personas atrapadas en estas cárceles peligrosas por crímenes cometidos cuando estaban en su adolescencia o adultez temprana no tienen abogados. Yo pude representar a Kennard gratis porque mi trabajo es directora de la organización sin ánimo de lucro Alabama Appleseed Center for Law and Justice.

Cuando tuvo la oportunidad de hablar en la corte, Kennard ofreció estas palabras: “Sólo quiero decir que siento mucho lo que hice… Quiero la oportunidad de corregirlo”. Aún estamos esperando que Alabama haga lo mismo.

LINK ORIGINAL: El Colombiano

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