La Audiencia de Castellón absuelve a los ejecutivos del almacén de gas Castor

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Entornointeligente.com / La Audiencia Provincial de Castellón ha publicado esta misma tarde la sentencia sobre el juicio por la acusación de delito contra el medio ambiente y riesgo para la integridad física de las personas contra por los directivos de Escal, Recaredo del Potro, presidente, y José Luis Martínez Dalmau, consejero delegado. Escal es la sociedad participada por la empresa canadiense del mismo nombre y ACS, a la que se otorgó en 2008 la construcción y explotación del almacén de gas Castor, que fue paralizado tras los seísmos que se produjeron durante el llenado de gas de la instalación.

Tras años de pleito, a instancias de la asociación Aplaca (asociación de los afectados por a plataforma Castor), que se inició en un juzgado de primera instancia de Vinaroz, el fallo de la Audiencia ha absuelto a los dos acusados de dichos delitos, además de los de ocultación de información a la administración y con grave deterioro irreversible o catastrófico. Descarta la existencia de dolo en las conductas de los acusados y demuestra que atendieron todos los requerimientos de la administración. Se pedía para ellos hasta seis años de cárcel. La sentencia echa por la borda los argumentos del informe del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) que encargaron el Ministerio de Energía, que dirigía Álvaro Nadal, y respaldado por Enagás, el gestor del sistema gasístico.

Según la sentencia, no existen pruebas claras y determinantes del mal causado, al no justificarse médicamente que ninguno de los miembros de la asociación haya sido afectado por la actividad sísmica. Tampoco de los daños en las propiedades. La magnitud de los seísmos, según la sentencia, no justifica los denunciados por vecinos y fueron “poco relevantes”. Por otro lado, concluye que “no hay una relación unívoca de causalidad entre las inyecciones de gas y la sismicidad, ni se ha determinado con certeza las fallas geológicas que ocasionaron los sismos. Y alude al mapa oficial de peligrosidad sísmica de España, elaborado por el Instituto Geológico Minero en 2002, y actualizado en el año 2012 y 2015, en el que define la ubicación del depósito de gas “Castor” como una zona del nivel de más baja peligrosidad sísmica de España.

El fallo se basa en multitud de informes periciales que concluyen, asimismo, que los terremotos no tuvieron nada que ver con la Falla Amposta. “De hecho, es bien factible que la Falla Amposta no tiene capacidad para generar sismos”, subraya.

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