Sara Fernández: Las mujeres temen denunciar a sus agresores, porque desconfían del poder judicial

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La Oficial de Incidencia de CEPAZ , Sara Fernández, explicó que, de acuerdo al Observatorio Digital de Femicidios, el interior del país está registrando porcentajes preocupantes de incremento en los casos, una situación agravada por la acentuación del ciclo de violencia contra la mujer que deriva del confinamiento, producto de la pandemia, y de la crisis humanitaria severa que afecta a Venezuela.

La convivencia en una relación de dependencia con el agresor, el miedo a la denuncia por desconfianza en el poder judicial y la falta de casas de abrigo para las víctimas que interponen la denuncia, son los factores que han acentuado la cifra de femicidios en el país, un problema estructural del que no se tienen cifras oficiales. Según la data de CEPAZ, hasta septiembre de 2021, se registraron 207 casos , una cifra que equivale al total del año pasado.

— Para entender la dimensión real del problema que afecta a mujeres en Venezuela, con incremento de cifras en el interior del país, iniciemos por definir, ¿qué es la violencia de género?

Cuando hablamos de violencia de género , nos referimos a cualquier acto que cause un daño físico, emocional, en la mujer, con una motivación específica, y que es realizado por desprecio, con la finalidad de humillarla o discriminarla. Es una gama amplia, porque no solo incluye la violencia física, sino también otros elementos reconocidos en el ámbito iberoamericano, en la Convención Belem Do Pará, y en el ordenamiento jurídico interno en la Ley Orgánica para la Protección del Derecho de La Mujer a una Vida Libre de Violencia, que reconoce una amplia dimensión de diferentes tipos de violencia de género: física, emocional, psicológica, patrimonial, acoso sexual, acoso laboral, todos en contra de la mujer.

También es muy importante entender que, usualmente, los hechos de violencia contra la mujer no se traducen en uno solo, sino que, en la mayoría de los casos, las víctimas se encuentran insertas en un ciclo de violencia que incluye distintos actos, en los que el femicidio es el final de ese ciclo.

— ¿Qué define a un hecho para ser calificado como femicidio? ¿Qué factor ha determinado que, en la actualidad, el registro de estos delitos se haga de manera específica?

Es importante diferenciar el asesinato de mujeres y los femicidios. Cuando hablamos de femicidios, decimos que el agresor da muerte a la víctima por su condición de mujer. Esto nos lleva a casos donde la mujer es discriminada y donde el crimen es cometido por un familiar, por una persona con la que la víctima tiene una relación sentimental. Asesinatos de mujeres que son cometidos en el marco de violencia sexual sin consentimiento, y ello nos deja ver que hay una connotación por su condición de mujer.

Siempre la diferencia va a estar en si el asesinato ocurre contra cualquier individuo. Por ejemplo, en una masacre, donde han sido asesinadas varias personas, entre ellas mujeres, no necesariamente es un femicidio, porque el hecho no ocurrió con esa motivación de desprecio hacia su condición de mujer, ni con la intención de discriminarla.

También hay una diferencia teórica entre femicidio y feminicidio. Si bien, hoy en Latinoamérica se utilizan indistintamente, los dos conceptos fueron diferenciados por una razón. Cuando una investigadora mexicana, que tradujo el término feminicide del inglés, quiso hacer una diferenciación entre el asesinato a mujeres por desprecio: femicidio.

Pero también quiso referirse a los contextos estructurales donde ocurren hechos de violencia en contra de la mujer, donde, además, el Estado no cumple con sus deberes de prevención. No les da a las víctimas y familiares el acceso a la justicia, y estos hechos quedan en la impunidad. Existe todo un mensaje a la sociedad de que estos hechos son aceptados. A este contexto donde ocurren hechos de violencia contra la mujer, ella lo denominó feminicidio.

— ¿En Cepaz tienen cifras sobre femicidios en el país? Los registros de cifras aportados por nuestros corresponsales, dan cuenta de 17 casos reportados en el estado Bolívar, entre enero y agosto de 2021; en Carabobo, entre enero y junio, 14 casos; en la región andina se concentra 10% de los femicidios en el país.

Qué bueno que resaltas que la información proviene de los corresponsales. Desde 2016, en Venezuela no existen cifras oficiales sobre femicidios y, a partir de allí, ha quedado un vacío sobre ese registro, no solamente sobre los números globales, sino que no existe un desglose por regiones, ni por las características de esos actos sobre el perfil de la víctima, ni del agresor, el lugar donde ocurrieron, el método utilizado para cometerlo y fenómenos asociados, por ejemplo, si quedan niños huérfanos y cómo los femicidios impactan de manera diferenciada a mujeres mayores, si existe relación entre el aumento de casos en ciertas zonas, frente a la delincuencia organizada. No podemos evaluar correctamente, porque no tenemos registro oficial por parte de las autoridades.

Y lo que ha pasado es que organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación se han tomado la tarea de reportar cuando tienen conocimiento de estos hechos. Eso es de mucha ayuda porque nos da cierta luz de un posible diagnóstico de cómo está la situación en el país. Lo cierto es que esta actividad no reemplaza la necesidad de que el Estado cumpla con su obligación de generar estadísticas género sensitivas sobre el tema de violencia contra la mujer y, en específico, de crear un registro desglosado.

Cepaz creó en 2019 el Observatorio Digital de Femicidios, que realiza un monitoreo mensual de los femicidios reportados en los medios noticiosos e intenta clasificarlos con ciertos parámetros, pero existe una necesidad de que esto sea una responsabilidad para que tengamos un diagnóstico mucho mejor.

Aunque hay mayor cobertura en la capital y en Miranda y tendemos a tener más noticias sobre femicidios que ocurren allí, y el año pasado eran los lugares con mayor registro, este año hemos visto que otras regiones han ido tomando un lugar importante en cuanto a porcentajes. Por ejemplo, en agosto (2021), si bien Miranda ocupó el mayor porcentaje con 23%, también tuvimos un incremento en Carabobo con 11%, Lara tuvo 15%. En el mes de septiembre, que es el último monitoreo que tenemos, Miranda tuvo el mayor porcentaje con 23%, pero en Sucre se reportaron 10% de los casos y en Aragua 10% también.

Los femicidios se diferencian dependiendo de ciertas regiones, porque en estados como Bolívar, donde hay un problema focalizado de criminalidad organizada, puede que los femicidios estén más relacionados a eso. En términos globales, hasta el mes de septiembre de 2021, nosotros hemos reportado 207 femicidios en todo el país. El año pasado reportamos 207 en todo el año.

— ¿Cuál creen que ha sido la razón del aumento de los femicidios en Venezuela? ¿Tiene que ver el confinamiento, producto de la pandemia con la agudización de los problemas de violencia de género?

Los motivos son multidimensionales. El femicidio no es un hecho aislado, sino que se enmarca dentro de una estructura de desigualdad y discriminación de la mujer a escala nacional que, lamentablemente, seguimos experimentando, en diferentes ámbitos: el profesional, el político… Esta desigualdad estructural hace a la mujer mucho más vulnerable.

Pero, ¿qué ha empeorado en Venezuela? Número uno, la crisis humanitaria compleja hace que muchas mujeres tengan la necesidad de quedarse en casa, de cuidar a los niños, porque es entendida como el individuo con el rol primordial de cuidadora, lo cual durante la pandemia, la aísla mucho más. Esa es una de las raíces principales de que la situación esté tan deteriorada. En la medida que exista una crisis humanitaria y tenga menos oportunidades de desarrollo, será más vulnerable a este tipo de violencia.

En la mayoría de los casos que nosotros hemos documentado, desde el año pasado, las víctimas tenían una relación sentimental con el agresor y la mayoría de los femicidios ocurrieron en el hogar de la víctima o en el lugar que compartía con el agresor. Por ello lo tenemos que ver con una perspectiva específica para determinar qué está causando estos niveles de violencia contra la mujer.

— ¿La impunidad es un factor adicional?

Hemos seguido de cerca la información que ha salido de la Fiscalía. Pero también hemos dicho que no nos parece suficiente, porque estos números nos hablan de casos que llegan al Ministerio Público, no el total de casos denunciados, ni de aquellos donde se inicia la acción penal. Hay un gran número de hechos de violencia contra la mujer sobre los que nunca se hace una denuncia. De hecho, en los monitoreos vemos que en 99% o 100% de los casos, no existía una denuncia previa por violencia contra la mujer, lo cual llama la atención, si consideramos que la mayoría de estas víctimas ya se encontraba en un ciclo de violencia.

Los datos del Ministerio Público no hacen un desglose adecuado. Por ejemplo, de los hechos denunciados cada año, cuántas causas se iniciaron por esos hechos anualmente, en cuáles ha habido una condena para el agresor, cuántos casos llegaron a sobreseimiento, en cuántos se hizo un archivo fiscal. No tenemos detalle de cuántos estamos hablando.

Las mujeres tienen muchísimo miedo de denunciar, porque hay una desconfianza hacia el poder judicial: hay miedo a la revictimización. Muchas veces se encuentran en una relación de dependencia con su agresor, que les imposibilita proteger su integridad después de la denuncia. Y estos son dos problemas gravísimos, porque hacen que la mujer prefiera seguir bajo el ciclo de violencia y, muchas veces, termina siendo víctima de femicidio.

— ¿Qué soluciones del tipo estructural deben implementarse para que verdaderamente exista un entorno libre de violencia contra la mujer en Venezuela?

El acceso a la justicia. Cuando hay impunidad sobre hechos de violencia en contra de la mujer, se le da un mensaje a la sociedad de que estos hechos no son lo suficientemente graves y no requieren el accionar del Estado. Y a las víctimas se les da el mensaje de que el poder judicial no está allí para respaldarlas.

Es importante que exista un real acceso al justicia . La actitud de los operadores receptores de denuncia, policías y las fiscalías especializadas, que son quienes la reciben al momento de denunciar, puede definir si esa mujer sigue con la causa o se arrepiente. Porque vemos que a muchas víctimas, cuando acuden a poner la denuncia, se les exigen pruebas, se les insiste en si están seguras de que quieren denunciar o se le da tratamiento al tema como un asunto privado y ello hace que la víctima se arrepienta y sienta que, durante el proceso, no será creíble su versión. Entonces, algo muy importante: capacitar a los receptores de denuncia para que estén libres de estereotipos, para no hacerles sentir a las mujeres que la carga de la prueba está sobre ellas, sino que puedan sentirse libres. Y todo ello debe involucrar a fiscales y jueces.

El Estado tiene que actuar para que cuando exista una relación de dependencia entre el agresor y la víctima, que esa mujer tenga una casa de abrigo adonde ir. Nosotros hemos denunciado que no tenemos conocimiento de que exista una casa de abrigo pública que esté en total funcionamiento en el país. Esto es sumamente grave, porque la mujer tiene que saber que, después de poner la denuncia, tiene adonde ir, poder subsistir y proteger a sus hijos. De lo contrario, prefiere no denunciar y permanecer en el ciclo de violencia por miedo a que vaya a empeorar su situación.

LINK ORIGINAL: La Patilla

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