Procurador Javier Caraballo considera que la vigencia fiscal de 2021 es inconstitucional

Entornointeligente.com / El procurador general de la Nación, Javier Caraballo, solicitó en una nota enviada a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declare inconstitucional los artículos 7 y 8 de la Ley No. 176 de noviembre de 2020, que corresponden a los renglones que establecen el presupuesto del Órgano Judicial (OJ) y de la Procuraduría General de la Nación, que el año pasado sufrieron recortes considerables por parte de la Asamblea Nacional y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Caraballo elaboró la nota porque la CSJ le estaba pidiendo su opinión por una demanda de inconstitucionalidad presentada por el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, y Carlos Lee, miembro del Consejo Judicial de Panamá, quienes argumentan que el presupuesto asignado afecta el funcionamiento del OJ y la administración de justicia en general, por lo que las reglas contenidas en las normas invocadas no respetan la separación de poderes causando conflicto en el desarrollo de la colaboración entre órganos del Estado.

En este caso el magistrado ponente es Hernán De León y la la Secretaría General de la CSJ publicará en un diario de circulación nacional el aviso para que en un período de 10 días las personas interesadas en presentar sus argumentos sobre el tema lo hagan.

“Históricamente los presupuestos recibidos han sido tan ínfimos que afectan en negativo materias esenciales, tales como la autonomía e independencia judicial, justicia expedita, el acceso a la justicia, tutela judicial efectiva, la implementación de las carreras, el uso de tecnologías, como las que permitan la digitalización de los documentos y el registro de las audiencias, el número adecuado de jueces, magistrados, fiscales, peritos, defensores de víctimas, defensores públicos, defensores del Estado, equipos interdisciplinarios, traductores e intérpretes y demás capital humano e insumos, tales como reactivos de laboratorio sin considerar otras herramientas que podrían ser fundamentales para optimizar los distintos procesos como el uso de inteligencia artificial”, detalló Caraballo en un escrito.

Para el procurador esto representa que por años los Órganos Ejecutivo y Legislativo no han tomado en cuenta las necesidades reales del sector justicia y por tanto las de la sociedad a la cual su componentes sirven desconociendo que aquel es uno de los pilares del estado al cual la Constitución le encomienda funciones en exceso delicadas.

En el documento Caraballo detalló que para 2021 la Procuraduría General de la Nación preparó una sustentación por $200,815,563 desglosados en $190,660,563 de funcionamiento y $10,155,100 para inversión.

Ese presupuesto al ser examinado por el Ejecutivo y Legislativo destinaron $143,878,945 para funcionamiento y $1,449,891 para inversión, que totalizó $145,328,836. Esto implica una diferencia de $55,486,727 entre lo solicitado y lo adjudicado.

El funcionario indicó que dichos ajustes presupuestarios deben ser potestad de la entidad no del Ejecutivo.

Por otro lado, Caraballo sustentó que el artículo No. 275 de la Constitución , que permite al Ejecutivo adoptar un plan de ajuste del gasto, cuando los ingresos disponibles son inferiores al total de los gastos autorizados en el presupuesto general del Estado, establece claramente, que tanto el Órgano Judicial y como el Ministerio Público tiene la facultad de determinar cuáles renglones son afectados, no obstante los ajustes o recortes realizados han sido determinados únicamente por el Ejecutivo.

Olmedo Rodríguez Campos Reportero Judiciales MÁS INFORMACIÓN

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