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No es de mí ocuparme de noticias y coyunturas, prefiero mirar el bosque y reflexionar. Pero este tema de las 108 familias sacadas a la fuerza de sus hogares (pido disculpa por haber errado el número en la columna anterior) y la noticia que se conoció el jueves de la semana anterior de boca del presidente de la SIAB, obliga un comentario.

Después de las fuertes críticas del ingeniero Jorge Rocha sobre los vicios que observó en la toma de muestras de concreto de los 16 edificios cuestionados; y lo apresurado y desacertado de las conclusiones del estudio contratado por la Alcaldía con la Universidad de Cartagena, salieron a relucir dos graves acusaciones más: la primera, que la Universidad había subcontratado con terceros el estudio; y la segunda, que había sido, en parte, plagiado, ?copy paste? de un portal mexicano. Gravísimo de ser cierto, porque dio pie a la decisión ya comunicada en el primer párrafo de este escrito.

El presidente de la SIAB elogió el trabajo que presentó (ya no se puede decir que realizó) la universidad, y nos uniformó que la entidad había dicho, que había que hacer otro estudio para determinar qué refuerzos hacer para poder regresar a las familias a sus hogares.

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¡Válgame Dios! Como lo entiendo yo, y de seguro muchos de ustedes: ?más dinero para poder decir qué cosméticos aplicar, que permita recular la decisión tomada, sin aceptar que el estudio fue chimbo y alarmista?.

¡No por favor! la ingeniería y la universidad, no se pueden ensuciar -así todo el país lo esté- de corrupción y politiquería.

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Esas mentiras y verdades a medias no pueden tener cabida en la alma mater, ni en la profesión de ingeniería que se precia de ser racional, objetiva, y científica.

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Si los puentes se caen no hay excusas, ¡hay culpables! que deben responder con su peculio, y los seguros que están obligados a tomar todos los contratistas del Estado.

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Si se genera un daño a terceras personas por falta de profesionalismo -este caso- lo mínimo que deberían hacer es, aceptar errores y corregir, antes que pedir más dinero para corregir solapadamente una gran mentira, sin aceptar la falta de profesionalismo que es lo que salta a la vista.

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El problema es que ya debe haber muchos abogados redactando demandas que le van a pegar al Distrito -nuestro peculio- y de carambola a la Universidad.

Este es otro capítulo más de la falta de moral que se ha apoderado de todo el país: desde el centro a la periferia, y desde la clase política al más humilde ciudadano; y cuyo principal exponente es el nada querido presidente de la república.

Vivir en comunidad tiene sus beneficios, no hay duda, pero para ordenar, dirigir, y ejecutar obras de beneficio común se requiere dinero y de una autoridad investida de poder, que tome decisiones.

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No obstante, rara vez caemos en cuenta -ellos parece que nunca- que toman decisiones con nuestro dinero: a nadie más se lo permitiríamos.

 

 

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Con información de: El Universal

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