VENEZUELA: Vuelta a la violada Constitución - EntornoInteligente

El Universal / En el texto, la semana anterior, esbocé comentarios acerca de algunas de las violaciones a nuestra Constitución;  me propongo en éste abundar en ello, respecto a disposiciones señeras que son saltadas a la torera, violentándonos el pacto de convivencia que nos dimos el año 1999. El artículo 115 de nuestra carta “garantiza el derecho de propiedad”  y “sólo por causa de utilidad pública, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”. Así que los “exprópiese” emitidos guturalmente por presidentes o cualquier otro funcionario público, tal como hacía el presidente recientemente muerto o quien ocupa hoy día ese cargo, son desapegados a ésta. Más aún si, como reza luego este texto (artículo 131): “Toda persona tiene el deber de cumplir y acatar esta Constitución” y mayor peso aún tiene este fundamento: (Artículo 139) “El ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de esta Constitución”. Anótese bien esta disposición, ¿cuánto no se ha abusado recientemente del poder? Algunas partes de la Constitución cobran una actualidad relevante. Por ejemplo, el 200 expresa la inmunidad de la que gozan los diputados de la Asamblea Nacional. En el caso de María Corina Machado la violación al texto legal fundamental es evidentísima: “De los presuntos delitos que cometan los o las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento”. Los funcionarios que violaren esta disposición “… incurrirán en responsabilidad penal y serán castigados…”. Se evidencia, de facto una confusión dado que el artículo 242 señala: “Los Ministros o Ministras son órganos directos del Presidente o Presidenta de la República”. De hecho, todos los poderes en la actualidad lucen subyugados a la presidencia, como si fueran ministros. Un absurdo. Veamos el 324. Luego de expresar que las armas de guerra son propiedad del Estado sólo dispone que, démonos cuenta, reafirmemos, valoremos profundamente lo que va en seguida: “La Fuerza Armada Nacional (sin remoquete alguno ni de socialista ni de bolivariana) será la institución competente para reglamentar y controlar, de acuerdo con la ley respectiva, la fabricación, importación, exportación, almacenamiento, tránsito, registro, control, inspección, comercio, posesión y uso de otras armas, municiones y explosivos”. Quiere decir que cualquier asunto con las armas en Venezuela es responsabilidad de la Fuerza Armada. ¿Evaden su responsabilidad? ¿Son cómplices de sus usos por paramilitares, colectivos, guerrilleros o como se llamen los grupos armados, motorizados o no? ¿Son cómplices de los armamentos que circulan entre los malandros y/o presos? ¿Son o no son responsables? Por su lado, el artículo 328 indica que la Fuerza Armada Nacional lo es “sin militancia política alguna” y que “está al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”. O sea: no son las Fuerzas Armadas de Chávez ni de Maduro, ni del PSUV o de de Voluntad Popular o Acción Democrática, son de la nación y a ella se deben de manera independiente. El título VIII expresa la “protección de esta Constitución” y, por tanto: “… todo ciudadano… investido o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”. En eso andamos solicitando el restablecimiento de la legalidad y la constitucionalidad, a lo que debemos propender todos. En todo caso, siempre nos queda la opción legal, constitucional, manifiesta en el archimentado artículo 350,  ese que dice, sin más: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz, y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”. Claro, a este último artículo le falta indicar a través de qué medio o medios; si el pueblo carece de poder para hacer circular su criterio, sin fortaleza, sin armas, ¿cómo corresponde aplicar este precepto constitucional si el poder se impone a contrariar lo estatuido? El “desconocimiento” del régimen sería pacífico y por tanto desarmado. Luego, contrariando los preceptos opuestos a la Constitución en palabras del presidente recientemente muerto: “esta revolución es pacífica pero armada”, la posible posición opositora será, o deberá ser por el contrario, cívica, legal, constitucional, respetuosa, tendiente a elecciones libres y comprobadas/comprobables en sus resultados. Sin buscar enfrentamientos armados entre compatriotas. La salida de este atolladero debe ser un apego irrestricto a la Constitución, obligar a ello, del modo que corresponda. [email protected]

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Con Información de El Universal

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