Venezuela en las Cortes - EntornoInteligente

El Nacional / Las políticas erradas, las arbitrariedades y la intolerancia de un régimen irresponsable, iniciado por el golpista Hugo Chávez y seguido por el sometido y entreguista Nicolás Maduro,  han llevado a Venezuela a distintos órganos arbitrales internacionales, en el marco del Ciadi (Casos Rusoro, Conoco Philips, Tidewater, Tenaris, Gold Reserve, Crystallex, entre otros) y del Centro Comercio Internacional de París (Exxon), en los que empresas privadas, nacionales y extranjeras han demandado al Estado para reclamar sus derechos violados por un Estado creído omnipotente e invencible, arrogante y envalentonado, con las consecuencias nefastas y los enormes costos que ha tenido ello para la República, sobre lo que deberán sus autores responder algún día.

No solo a arbitrajes comerciales nos ha llevado esta irresponsabilidad del régimen chavista, sino a tribunales internacionales, en los que está en juego la integridad territorial, esa que defendían una vez los militares patriotas y verdaderamente venezolanos. En efecto, por acciones y omisiones, desaciertos, desidia, ignorancia y quizás por el vil sometimiento de nuestros intereses a los arbitrios de un gobierno extranjero, el cubano, Venezuela por primera vez es indicada como eventual parte en un proceso ante la Corte Internacional de Justicia.

Por otra parte, y no por irresponsabilidad del grupo de civiles y militares que detenta el poder hoy en el país, sino por sus muy determinadas y calculadas acciones criminales, expresión de una política de Estado, sistemática y generalizada, Venezuela entra en un Examen Preliminar por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para determinar si hay bases razonables suficientes para iniciar una investigación que permita, con la autorización de la Corte, su Sala de Cuestiones Preliminares, procesar a los autores de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país en 2017, aunque lógicamente debe abarcar desde 2014 y después, en 2018, con la masacre de El Junquito, que muestra el carácter sistemático y la intencionalidad de sus autores en la comisión de tales crímenes.

En el primer caso el secretario general decidió, atendiendo la posición de Guyana, remitir (no someter) el asunto a la Corte, lo que no significa, como hemos dicho siempre, que el tribunal sea competente para conocer la controversia pues hasta ahora, y en ello insisto, Venezuela no ha aceptado su jurisdicción ni por la vía unilateral, declaración prevista en el Estatuto en su articulo 36-2, ni por la vía convencional o de cualquier otro compromiso que le otorgue tal facultad a la Corte.

Le corresponde ahora a este régimen irresponsable responder y actuar para salvaguardar los intereses de la República y la integridad del territorio nacional. El Acuerdo de Ginebra es la base del procedimiento para solucionar la controversia que debe lograrse mediante medios satisfactorios, es decir, de mutuo acuerdo, para obtener una solución práctica que satisfaga a las dos partes, por lo que, más que la remisión a la Corte, el secretario general ha debido agotar otros mecanismos políticos, no jurisdiccionales, como la conciliación o la mediación, procedimientos eficaces según la práctica internacional en general, aunque es claro que el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas que enuncia los medios de solución no establece ninguna jerarquía ni ningún orden de aplicación.

Por otra parte, en la Corte Penal Internacional, la situación en Venezuela por fin ha sido considerada seriamente por la fiscal que hasta ahora no había mostrado el mayor interés en la dramática situación del país, reflejada en la realización evidente de crímenes de lesa humanidad, como se ha hecho constar en documentos importantes, unos en forma expresa, las conclusiones de la OEA; otros en forma indirecta, pero clara, el Informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, de agosto de 2017, a lo que se agrega el envío de evidencias bien fundamentadas de organizaciones no gubernamentales y personalidades individuales de prestigio e incluso la fiscal general de Venezuela en el exilio, quien recientemente habría presentado nuevas pruebas de los crímenes cometidos en el país en los últimos años.

Es el comienzo de un proceso. No es todavía una investigación, pero al menos, la fiscal Fatou Bensouda, de Gambia, inicia este examen para determinar si de conformidad con el Estatuto, en particular su artículo 53 1 a) a c), hay razones bien fundadas para iniciar una investigación formal y posteriormente, lo que esperamos los venezolanos, para que se haga justicia, se procese y se castigue a los responsables de tales crímenes, realizados  por funcionarios civiles y militares, de distinta posición y rango, en diversos grados de participación, que indican, como consta en las denuncias que hemos presentado ante el tribunal, al presidente de la República y los más altos funcionarios del régimen, especialmente, del Alto Mando Militar, policial y otros vinculados a los grupos paramilitares que, financiados, organizados, controlados y ordenados por el Estado, vienen ejerciendo desde hace años el terrorismo de Estado que la comunidad internacional condena..

La fiscal deberá determinar entonces si hay razones fundadas para abrir una investigación sobre la situación en el país conforme a los criterios establecidos en el Estatuto, bajo reserva, desde luego, como dijimos, de la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares. Este examen debe recoger la información pertinente necesaria remitida por particulares, por organizaciones no gubernamentales, por la misma fiscal en el exilio, para fundar la investigación.

La fiscal deberá determinar en esta fase preliminar la competencia personal, material y temporal de la Corte, sobre lo que no parece haber ninguna duda; las cuestiones de admisibilidad, es decir, la complementariedad, lo que hace procedente la investigación toda vez que en Venezuela no es posible investigar ni procesar a nadie, porque los órganos del Poder Judicial están controlados por el régimen y además porque no hay legislación interna que castigue estas conductas. Finalmente, la fiscal determinará, de acuerdo con el artículo 53-1 del mismo Estatuto, si el inicio de un procedimiento “no afecta los intereses de la justicia”, una condición imprecisa, no definida en el Estatuto ni en la práctica, que debe cumplirse para la admisibilidad.

Debemos recordar que la Corte no solo fue creada para erradicar la impunidad por la realización de estos horrendos crímenes, sino para prevenirlos; y la acción de la Fiscalía va en esa dirección también. Y, para concluir, agregamos que los Estados, especialmente los Estados Partes, tienen la obligación de cooperar con ella en la investigación y todos los actos del procedimiento, lo que sin duda generará en su momento serias dificultades, aunque esta vez difícilmente pueda negarse a cooperar y atender a un órgano internacional, como lo ha hecho hasta ahora con todos los mecanismos de derechos humanos.

Venezuela en las Cortes

Con Información de El Nacional

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