URUGUAY: Contra la baja - EntornoInteligente

Caras y Caretas / La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) emitió este miércoles una declaración sobre el proyecto de reforma constitucional que propone la baja de la edad de imputabilidad penal a plebiscitarse el 26 de octubre de 2014.

Para la Inddhh la decisión que adopte el cuerpo electoral respecto a la propuesta de reforma del artículo 43 y de la Disposición Transitoria y Especial B de la Constitución de la República, que será sometida a plebiscito el próximo domingo 26 de octubre, se encuentra entre las más relevantes para el país en los últimos treinta años. Como es de conocimiento público, sustancialmente la ciudadanía deberá pronunciarse en esta instancia respecto a si está de acuerdo o no que algunas personas menores de 18 años y mayores de 16 años de edad, responsables de infracciones a la ley penal, sean juzgadas igual que las personas adultas.

La Inddhh señala que el respeto por la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas que han impulsado la consulta al cuerpo electoral, y la importancia de este tema, obliga a la institución a hacer pública su posición sobre “esta profunda modificación que se propone realizar a nuestro ordenamiento jurídico interno”. Por esto señala que el objetivo de esta declaración es aportar elementos de juicio para que la ciudadanía tome su decisión contando con la mayor información sobre el alcance y consecuencias de la mencionada reforma constitucional.

La institución explica que esta opinión se basa en los argumentos elaborados sobre el tema por la doctrina más especializada, desde diversas disciplinas, y que se presentan, sintéticamente, en el texto de esta declaración.

El organismo de los derechos humanos reafirma su preocupación, ya manifestada en anteriores oportunidades, por los niveles de violencia social e institucional que se verifican en nuestra sociedad, así como su respeto por las víctimas de la misma. Esta situación merece ser objeto de medidas que aborden en forma sostenida acciones preventivas y de adecuación de las capacidades institucionales y de la normativa vigente, en el marco de la implementación de una política pública sobre seguridad ciudadana que atienda integralmente todos los factores que contribuyen a generar o a reproducir hechos violentos o delictivos.

La Inddhh señala que de ser aprobada la reforma se “presentarán serias dificultades para interpretar la Constitución de la República en su conjunto”. Por que “a juicio de la Inddhh, se generarán contradicciones entre el texto propuesto y otras normas históricamente incorporadas a la Carta Magna”.

Poniendo como ejemplo el caso del derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el Artículo 8 de la Constitución vigente5. Según el Inddhh la reforma incorpora la llamada “teoría del discernimiento”, según la cual no todas las personas entre los 16 y los 18 años de edad pueden ser sometidas al Código Penal adulto, sino solamente aquellas que, de acuerdo a lo que entienda discrecionalmente el Juez competente, tienen “madurez o discernimiento suficientes” para actuar. Esta teoría ha sido abandonada por el Derecho Penal Liberal.

Conforme a este principio la Justicia no puede, en forma discrecional o a partir de una decisión subjetiva del Magistrado actuante, disponer si una norma jurídica se aplica o no a personas que se encuentran objetivamente en una misma categoría, en el caso, en la misma franja etárea.

Además en la declaración se hace notar que la experiencia internacional muestra “el fracaso de las iniciativas que intentan mejorar las condiciones de seguridad ciudadana en una determinada sociedad solamente a partir de normas jurídicas que incrementan el poder punitivo del Estado”.

Y señala que hay una tendencia en desarrollo que recorre el camino contrario, reestableciendo en los 18 años de edad el inicio de la aplicación del Derecho Penal adulto.

Por tanto la declaración establece que sobre la base de los elementos contenidos en la presente declaración, la Inddhh señala que: “Esta situación merece ser objeto de medidas que aborden en forma sostenida acciones preventivas y de adecuación de las capacidades institucionales y de la normativa vigente, en el marco de la implementación de una política pública sobre seguridad ciudadana que atienda integralmente todos los factores que contribuyen a generar o a reproducir hechos violentos o delictivos”.

AQUÍ LES ADJUNTAMOS LA DECLARACIÓN Declaración-INDDHH-sobre-reforma-constitucional

Con Información de Caras y Caretas

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