El 2 de noviembre agentes del Departamento Antidroga de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) se presentaron en las oficinas del Caracas International Banking Corporation (Cibc), en Puerto Rico, para ejecutar cuatro órdenes de investigación (congelamiento de fondos) a 49 cuentas de sus clientes, que en su mayoría son casas de bolsa y personas naturales de Venezuela. La medida afecta los fondos depositados en el banco, así como en el JP Morgan Chase Manhattan Bank y en el Standard Chartered Bank. La orden impide realizar cualquier transacción durante 10 días, como mínimo. De inmediato, el banco que José María Nogueroles fundó el 11 de agosto de 1989, en San Juan, reaccionó: dos días más tarde introdujo una petición contra los Estados Unidos y la DEA, ante una corte distrital de Puerto Rico, para anular la medida y solicitar el retorno de los fondos. El documento dice que el banco tiene más de 1.000 clientes que mantienen sus depósitos ahí y que esta situación pone en riesgo la liquidez de la entidad y les impide operar con normalidad. "Esta delicada situación expone al banco al riesgo de una corrida de...