L a nueva política empezó este mes, sin anuncio oficial, y se enmarca en el deseo del presidente Barack Obama de sacar a la luz las prácticas de sus predecesores en la "guerra contra el terror", una voluntad de transparencia que Washington espera impulsar siempre que no interfiera en sus operaciones antiterroristas. Las organizaciones de derechos humanos alaban el cambio de política.

El Ejército, contrariamente a la CIA cuyas cárceles secretas fueron cerradas por orden de Obama el pasado enero, sigue manteniendo instalaciones sobre las que no se sabe nada o casi nada y en las que están recluidos islamistas y presuntos miembros de Al Qaeda, bajo la supervisión del llamado Programa de Operaciones Especiales, en Balal (Irak) y Bagram (Afganistán).

Hasta ahora, el CICR tenía acceso a todas las cárceles militares, excepto las del programa especial donde se recluyen a los sospechosos considerados más peligrosos. Sus condiciones de detención ya fueron denunciadas en su momento.


MANUAL PARA GOLPEAR
El New York Times reveló en 2006 que soldados de estos centros provisionales Camp Nama, cerca del aeropuerto de Bagdad habían cometido abusos contra los detenidos, pegándoles con rifles y escupiéndoles en la cara.

El reglamento del Pentágono estipula que estos sospechosos sólo pueden ser detenidos durante dos semanas hasta ser transferidos a instalaciones más normales donde el CICR sí ha tenido acceso.

Para mantenerlos más tiempo en esta custodia super secreta, necesitaban una orden directa del secretario de Defensa.

Bajo las nuevas normas, los militares deben informar al Comité Internacional de la Cruz Roja de los nombres y números de identificación de todos los prisioneros en las dos primeras semanas de su captura. Y ya no se puede extender su detención en los centros especiales a más de 14 días.

El Pentágono ha minimizado el impacto del cambio de política. Las organizaciones pro derechos humanos, sin embargo, han alabado el cambio, pues aseguran que los prisioneros especiales fueron mantenidos en el limbo del secretismo mucho más tiempo del teóricamente permitido. "Cualquier mejora en la notificación a la Cruz Roja es positiva", declaró Muhammed Allu, de Human Rights First.


ACTUAR CON
TRANSPARENCIA
El esfuerzo de transparencia es idea del secretario de Defensa, Robert Gates, por recomendación del máximo responsable militar en la zona, el general David Petraeus. Gates ordenó revisar los programas de las Operaciones Especiales en Afganistán e Irak para determinar si se habían cometido abusos.

El comandante en jefe de las fuerzas armadas, el almirante Mike Mullen, también estaba a favor. Mullen siempre trató de separar en las cárceles a los elementos más extremistas de los menos violentos para evitar convertir los centros de detención en caldo de cultivo de Al Qaeda.

También insistió en tratar humanamente a los sospechosos y permitirles, entre otras cosas, practicar libremente su religión.

Por otra parte, un informe que dará a conocer este martes el Departamento de Justicia revela detalles de los abusos que los agentes de la CIA cometieron en los interrogatorios a miembros de Al Qaeda, a los que amenazaron con pistolas y taladradoras eléctricas, informó hoy CNN. Algunos medios de comunicación estadounidenses, entre ellos CNN y la revista Newsweek, han tenido acceso previo a este informe que hoy hará público el fiscal general Eric Holder, quien está estudiando nombrar a un fiscal especial para investigar el programa de interrogatorios de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Según CNN, el informe desvela que los agentes de esa agencia utilizaron una taladradora eléctrica y un arma en dos interrogatorios separados contra Abd al-Rahim al-Nashiri, acusado por el ataque cometido en el año 2000 contra el destructor estadounidense USS Cole, en el que murieron 17 marinos.