"Reclamo que se ponga un límite al derecho (a la libertad de expresión)", exclamó la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, en la Asamblea Nacional una vez que expuso por qué era necesario sancionar una ley contra los delitos mediático, y señalar "algunos humildes aportes". Entre ellos el castigo con prisión que varían entre seis meses y cuatro años a quienes atenten contra el Estado, la salud mental y la seguridad de la nación. Los argumentos a favor del proyecto legal son que la Constitución proscribió la propaganda de guerra; que "el derecho de los demás termina donde comienzan los del otro", y la sentencia 1742, de julio de 2003, del Tribunal Supremo de Justicia: "La Sala Constitucional consideró que los medios pueden debilitar al Estado con propósitos particulares, así que esta sentencia sirve para regular a medios y sus trabajadores. Hay que penalizar conductas. Los medios no pueden generar inestabilidad, inseguridad y sensación de impunidad. Deben ejercer una función educativa". Ortega Díaz fue aplaudida por pocos diputados. La mayoría desconocía el contenido del instrumento, así que públicamente se abstuvieron de hablar, pero off the record expresaron aprensión. En el Parlamento consta...