"Reclamo que se ponga un límite al derecho (a la libertad de expresión)", exclamó la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, en la Asamblea Nacional una vez que expuso por qué era necesario sancionar una ley contra los delitos mediático, y señalar "algunos humildes aportes". Entre ellos el castigo con prisión que varían entre seis meses y cuatro años a quienes atenten contra el Estado, la salud mental y la seguridad de la nación.

Los argumentos a favor del proyecto legal son que la Constitución proscribió la propaganda de guerra; que "el derecho de los demás termina donde comienzan los del otro", y la sentencia 1742, de julio de 2003, del Tribunal Supremo de Justicia: "La Sala Constitucional consideró que los medios pueden debilitar al Estado con propósitos particulares, así que esta sentencia sirve para regular a medios y sus trabajadores. Hay que penalizar conductas. Los medios no pueden generar inestabilidad, inseguridad y sensación de impunidad. Deben ejercer una función educativa".

Ortega Díaz fue aplaudida por pocos diputados. La mayoría desconocía el contenido del instrumento, así que públicamente se abstuvieron de hablar, pero off the record expresaron aprensión. En el Parlamento consta que el Ministerio Público preparó y envió un proyecto de ley contra delitos mediáticos. Tiene el sello de recibido por secretaría el miércoles en la tarde y consta de 17 apartados. Sin embargo, la fiscal negó el hecho y señaló que la iniciativa partió de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Medios del Parlamento.

Ortega Díaz habló de "nueva criminalidad", producto de la difusión de noticias: "El Estado debe sancionar esas nuevas conductas, esas nuevas formas de delitos, pues los ciudadanos están indefensos ante los medios".

Citó a favor de la norma antimedios, que en 1998 se legisló para enfrentar la crisis financiera y los delitos informáticos. "La libertad de expresión no puede ser usada para instigar al odio, a la guerra. En 1995, en Ruanda, un periodista hizo apología al delito y provocó una guerra; esa persona fue acusada de genocidio. No podemos aceptar que los medios no tengan límites.

Está en juego la seguridad de la nación frente a la libertad de expresión.

Todos estamos obligados a proteger el Estado. Toda expresión que busque debilitar a la Fuerza Armada, la seguridad ciudadana, la salud mental puede ser señalar sanciones (...) Es necesario legislar. El Estado tiene que regular la libertar de expresión. No se coarta; aquí se respeta la libertad, pero dentro de la ley. Reclamo que se ponga límites a ese derecho". La Fiscalía General propone castigar las omisiones de los medios (cuatro años de prisión); "proteger" a los periodistas de cualquier presión de los dueños de los medios de obligarlos a informar un hecho falso; castigar la difusión de noticias falsas (cuatro años de cárcel); ocasionar perjuicio al Estado (de dos a cuatro años); a los propietarios de medios que tergiversen noticias para crear una matriz y generar terror (de uno a tres años). La semana próxima comenzarán a discutir el proyecto de delitos mediáticos.